La DIS y el riesgo de convertirse en policía política
Nota de opinión | La reciente denuncia del diputado oficialista Manuel Morales debe encender todas las alarmas. Según afirmó, un agente activo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) colocó un rastreador GPS en el vehículo de una persona cercana a él, con el fin de vigilar sus movimientos y los de su entorno. Morales asegura contar con pruebas en video y fotografía, y señaló que el dispositivo estaba numerado como “13”, lo que sugiere que al menos doce personas más podrían estar siendo espiadas.
Esto no es un hecho menor ni un exceso aislado. Es una acusación directa de que la DIS estaría operando fuera de los límites legales y constitucionales, utilizando tácticas de seguimiento propias de regímenes autoritarios, y todo esto contra un diputado del propio bloque oficialista. Si a él lo vigilan, ¿qué queda para los opositores, periodistas o líderes sociales?
El contexto agrava la situación. El presidente Rodrigo Chaves ha demostrado una creciente inclinación hacia el autoritarismo, con ataques sistemáticos a la prensa, al Poder Judicial y a quienes lo cuestionan. A esto se suma un entorno político cada vez más permeado por estructuras ligadas al narcotráfico. En ese escenario, la posibilidad de que la DIS sea utilizada como una herramienta de vigilancia política se convierte en una amenaza real para la democracia costarricense.
Lo más preocupante es el silencio institucional. Morales afirma que informó del caso al director de la DIS, Jorge Torres, quien se limitó a decir que abriría una investigación. No ha habido reacciones claras ni de la Casa Presidencial ni del propio mandatario. La gravedad de lo denunciado exige más que evasivas: requiere una respuesta contundente y transparente.
La DIS ha operado durante años con presupuestos millonarios y sin controles suficientes. En marzo pasado, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico archivó un proyecto de ley para cerrarla, impulsado por la diputada Priscilla Vindas. Hoy, esa decisión parece haber blindado a una institución que, lejos de proteger al país, podría estar sirviendo a intereses personales o políticos.
Costa Rica no puede darse el lujo de permitir que un órgano de inteligencia se transforme en policía política. La vigilancia estatal no puede ser una herramienta para intimidar, seguir o silenciar. Si no se actúa ahora, la democracia costarricense corre el riesgo de ser vigilada en la sombra por los mismos que juraron protegerla.
