En días recientes, nuestro vecino marítimo visto desde el lado de la Isla del Coco, – Ecuador – vivió la trágica muerte de su candidato presidencial Villavicencio, quien era periodista y líder social y que fue asesinado a tiros en Quito por ser un valiente denunciante de la penetración del narcotráfico en la política de su país y una corrupción política que provoca crisis social. También, otro vecino nuestro, Colombia, vive su drama con el arresto del hijo del recién electo presidente Petro por supuesto lavado de dinero e incluso el aparente financiamiento de su campaña política. Y más reciente, la Argentina de Milei anuncia victoriosa el “fin del modelo de la casta” en referencia a la caída del sistema político tradicional asociado a años de corrupción en ese país y su posición de la “legalización del consumo de drogas” en el marco de crear una “sociedad más libre”.
¿Y Costa Rica? Los que pintamos canas recordamos que desde hace años se habla de la penetración del narcotráfico en la política nacional. Pasaron varias comisiones legislativas al respecto, informes, escándalos, investigaciones, reportajes y hasta uno que otro arresto de mandos medios o bajos sin agarrar a los “BIG CHIEF” o popularmente a los “peces gordos”. Obvio, se ha aplicado la receta de tocar con guantes de seda a los políticos y de investigaciones guardadas en gavetas hasta conseguir el olvido y la prescripción para que, en muchos casos, nuestro pueblo sea obligado a negar la existencia de la corrupción, más como un discurso romántico que una realidad evidente. Para evitar eso, la prensa de verdad como Diario Extra ha realizado importantes y valientes denuncias e incluso con profundo dolor aún lloramos el vil silenciamiento de la voz denunciante de Parmenio Medina, colombiano que amó y defendió esta Patria con mucho valor con su “escuadrón antichorizo” ¡Definitivamente el costo de decir la verdad en Costa Rica es muy alto!
Nuestro país es considerado como principal exportador de cocaína a los puertos europeos y tenemos el año más violento en las calles, además de ser una obvia crisis de seguridad, debemos entender que esto tiene también responsabilidad en algunas autoridades que podrían ser juez y parte en redes de narcotráfico y de la más alta corrupción. Para llegar a este punto de ser un estado fallido o narcoestado es notorio que existen cómplices dentro del mismo aparato público, porque el ciudadano común sabe que muchos políticos “no son blancas palomitas” y que el chorizo es “algo común”. También es claro que algunos funcionarios parecen ser omisos permitiendo lo que es muy evidente, justificándose en el dicho “no pasa nada” y que “eso no me toca a mí” lo que provoca la impunidad vigente que lastima la democracia. Por ejemplo: llega gobierno tras gobierno y sigue la policía con las mismas limitaciones, las delegaciones insalubres, las carencias de uniformes, malos salarios, sin zapatos ni capacitación adecuada y con patrullas averiadas, etc. ¿será apropósito?
Incluso, el componente del narcotráfico llamado lavado de dinero en Costa Rica es casi un tabú, porque no hay una cifra exacta de él, por ejemplo, Diario Extra publicó el 13/2/2020 que el entonces Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves – hoy Presidente – indicó que representaba 22% del Producto Interno Bruto (PIB). En realidad, Costa Rica es considerada por la Unión Europea como un paraíso fiscal y es posible que con nuestros bancos, ahorros, pensiones y el dinero de todos los costarricenses se lave dinero tal y como lo denunció Paola Mora, expresidente del BCR, en 2020. De ahí vemos una realidad: un dólar a un tipo de cambio bajo, una sorprendente economía costarricense con recientes millonarios sin arraigo en actividades empresariales legítimas o que en buen tico “no se les conoce ni oficio ni beneficio” y con acceso a un estilo de vida de lujo, inspirado en narconovelas con fachadas en condominios, carros de lujo, fiestas en fincas, yates y aviones, que la ley no toca y que seduce a nuestros jóvenes a la vida fácil, en especial, a quienes viven en zonas vulnerables como solución efímera a la pobreza, desempleo, violencia y falta de oportunidades. Además, el vacío estatal ha permitido que el narcotráfico sea autoridad en varias partes del país y sería iluso negar que hay varios agentes económicos que se han vuelto dependientes de su actividad y que defienden su desarrollo. En otro sentido, de forma reciente el cultivo de cáñamo medicinal e industrial en Costa Rica trae desafíos para que el negocio transnacional gire a una forma más civilizada de generar lucro mediante una actividad lícita y no violenta, mientras que la ilegalidad del narcotráfico trae consigo una alta ganancia en la inmediatez y eso es atractivo para muchos, tal y como sucedió con la veda del alcohol en Estados Unidos y la célebre llegada de los gansters inmortalizados hasta por el cine como en el caso de Al Capone.
Resulta interesante ver que las comisiones investigadoras del financiamiento de los partidos políticos dejan claro que la receta del juego político actual pasa por financiamiento sin controles y estructuras de troles para desacreditar a los rivales políticos y manipular por redes sociales. Se puede confirmar lo expresado por el exinvestigador del OIJ Gerardo Castaing quien ante el canal alemán DW expresó de las pasadas elecciones costarricenses de 2022 que habían “indicios y evidencias de que algunos candidatos están patrocinados por el narcotráfico” y podemos cuestionarnos a quiénes obedecen nuestros “representantes populares” porque del pueblo sólo se acuerdan cuando piden votos. Analicemos si la actual crisis de valores y una educación de mala calidad son acaso un plan de quienes toman decisiones en instituciones bajo la premisa que “por la plata baila el mono”. Lo decía bien Pablo Escobar que “el narcotráfico es un tema de educación” y si hoy Costa Rica tuviera los niveles de educación y de valores del pasado no estaríamos con esta corrupción generalizada que tiene al país de rodillas. Por lo tanto, cuando vemos con preocupación la venta de drogas en escuelas y colegios por los mismos estudiantes y cada vez más jóvenes siendo parte de bandas que su destino es la muerte o la prisión, debemos preguntarnos si no son eslabones de un negocio corporativo y perverso que llega hasta la política. Sería contradictorio tener a un juez elegido a dedo aplicar sentencias a jóvenes obligados a delinquir en una sociedad que no garantiza el trabajo ¿cierto? o diputados que recibieron 13 visitas de investigados por narcotráfico en 2021, en la misma Asamblea Legislativa y que luego hablen frente a los micrófonos de penalizar “a los narcotraficantes” y de “mano dura” para ganar votos, por citar algunos ejemplos. En conclusión, ante el año de más homicidios en Costa Rica la solución pasa también por una lucha frontal contra la corrupción y en especial educación, educación y más educación, ejemplos vivos lo son: Singapur y El Salvador de Bukele.
Miguel Gutiérrez Pizarro | Abogado Patriota
1-11XX-XXXX
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