Autoridades que llevaron a Costa Rica a un estado de emergencia no se han presentado un debate público técnico científico o dado un informe que se pueda someter a un análisis de transparencia y probidad.
Desde las declaraciones de la Ministra de Salud en la Asamblea Legislativa, aunado a la respuesta del Presidente Rodrigo Chaves sobre un debate público, queda claro que la solicitud individual o colectiva de un debate público no es un tema de interés para Los Tres Poderes de la República, pese a que muchos costarricenses dudan de los datos suministrados, dado que tienen conocimiento de las modificaciones realizadas por la CNVE para modificar, valga la redundancia, las estadísticas.
A la población no se le ha informado de manera transparente , mucha información se ha colgado en sitios web oficiales de las autoridades de salud de manera general, pero no se promocionó, ni se envió notas de prensa sobre dichos riesgos, la misma desde una perspectiva crítica y resposable. La forma en que se impulsó la sustancia que no cuenta ni siquiera con un permiso sanitario no ha tenido precedentes.
Aun con todas las irregularidades, se sigue induciendo a la inoculación de dicha sustancia, ignorando que existen advertencias de provocar abortos, del mismo modo, consecuencias como miocarditis y pericarditis entre muchos otros efectos adversos y secundarios.
Este medio, ha retransmitido los “en vivo” de facebook del grupo Bicentenario, quien anunció hace más de un año sobre dichas consecuencias, siendo que el mismo fabricante lo publicó por orden de un juez en los Estados Unidos, ya que pretendían publicarlo hasta dentro de 70 años.
Voces de expertos como las del Dr. Karl Quintanilla y el Dr. Aristides Marín, han recibido ataques para ser silenciados, del mismo modo que la censura de las redes sociales ha sido constante, pero el debate público técnico-cientifico sigue siendo ausente.
Mientras el Dr. Cristian Marín Muller impulsa la sustancia como “Segura y Eficaz”, su madre, quien es Ministra de Educación, ha expresado a este medio desconocer que se estuviera inoculando en centros educativos, al mismo tiempo, el PANI enviaba mensajes a padres de familia para que llegaran a los centros educativos donde testigos dicen que fueron amenazados.
Para este 2023 hay varias audiencias ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que vienen tramitándose desde hace meses, pero fue hasta hace una semana que se admite una “Medida Cautelar” que suspende la inoculación obligatoria en menores de 12 años.
Y es que el “Interés Superior del Menor” no puede estar sujeto a “Supuestos”, sino que debe GARANTIZARSE, resguardarse por completo dicho interés, ya existen factores que deben analizarse con lupa, echando mano de la ciencia y la técnica.
Un decreto de emergencia no debería estar por encima de la “Constitución Política”, por lo que también se debe analizar si se ha roto el hilo constitucional, ya que al parecer se indujo a error a la población, bajo campañas de miedo, para que la gente se inoculara sin un “Consentimiento Informado”, mismo que fue impuesto por una consulta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Siendo que existen varias noticias donde se habla que la “CORRUPCIÓN”, parece que dicha corrupción ha penetrado en los Tres Poderes de la República de Costa Rica, en donde se ha pretendido que los costarricenses confíen a ciegas en un grupo de personas, lo que es sin duda poner en riesgo la soberanía del país.
Sumado a lo anterior, ya existen casos como Panamá Papers, y otros casos como el de la Constructora Odebrecht (Corrupción a gran escala), donde los corruptos han pagado a funcionarios públicos en paraísos fiscales, para que se modifiquen leyes, reglamentos y normativas, para verse una empresa favorecida sobre otras.
Por eso, investigar si existe conflicto de intereses es de vital importancia en Costa Rica, así mismo, enfrentar a los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y a todos aquellos a quienes los contradicen con documentos oficiales, porque al parecer las campañas para inocular no tiene mayor intención más de la de que se inocule a la mayor cantidad de personas posibles.
Es evidente que ni siquiera en una audiencia judicial las autoridades sanitarias han presentado argumentos para contrarrestar los expuestos por quienes buscan que las decisiones estatales sean razonables en el tema de la vacunación obligatoria.
Ahora, sale a la luz pública con dos empleados de Pfizer que la sustancia no fue testeada antes de salir al mercado, por lo que convierte en “Sujetos de Prueba” a quienes recibieron las dosis, sin un consentimiento informado, aun en contra del juramento hipocrático que realizan los médicos, y en contra de los acuerdos como el Código de Bioética, y el Código de Nuremberg.
¿Entonces? ¿Cómo pueden tantas irregularidades juntarse en derredor de una sustancia que hasta la fecha el virus que pretende detener no ha sido aislado… ya pasaron dos años, y al parecer sigue siendo un multimillonario negocio, de tales magnitudes que puede ignorar un derecho constitucional como el de solicitar una respuesta en forma individual o colectiva.
Entonces, ante la ausencia de la ciencia y el debate, podríamos intuir que se trata de un acto de corrupción, el cual para demostrarse se requiere de un debate publico, técnico cientifico. En conclusión, al igual que el periodo del gobierno de los Tinoco, donde se gobernó por medio de “DECRETOS”, mismo que dio pie al histórico “Paseo de los Estudiantes” y que fue eliminado para colocar el “Barrio Chino” ¿para borrar memoria historica?…
Pero dichos acontecimientos establecieron procedimientos para limitar derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, el derecho a la educacción, el derecho de libertad de empresa, el derecho de acceso a la información… etc., que al parecer están siendo ignorados por las autoridades, sin una justificación científica y sin debate.
¿Se imagina lo que puede hacer cualquier déspota o dictador que llegue al poder? En serio Costa Rica debe empezar a analizar aun más el comportamiento de los funcionarios públicos, y tomar acciones para corregir cualquier brecha que sirva para dar un golpe de estado suave en nuestro país.
Debemos conocer mas sobre nuestros Derechos Constitucionales, sobre los Derechos Humanos Universales y sobre el Derecho Natural, pues a veces pienso que el Derecho Natural debería tutelar el Derecho Positivo. El pueblo puede cambiar las reglas del juego para llevar a los corruptos dentro de la administración pública a una celda de Justicia y paz.
Es definitivo “LA AUSENCIA DEL DEBATE ES LA PRESENCIA DE LA CORRUPCIÓN”.
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