Los señalamientos del Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves, deben leerse con lupa, y la ciudadanía debe estar alerta para no dejarse engañar por lo que parece ser populismo duro y puro. Al igual que en Venezuela y Nicaragua, parece que se busca promover la fuerza social mediante la desinformación, apelando al sentimiento sin importar la historia ni la evidencia científica.
Dado que los entes reguladores y fiscalizadores deben velar por el buen uso de los recursos públicos que se ponen en manos del Poder Ejecutivo y todos sus ministerios, y considerando que ya se ha presentado corrupción, eliminar estos controles podría abrir una puerta al saqueo de las riquezas de la nación costarricense. Por ello, ningún proyecto de ley debe debilitar los procesos de control o fiscalización de recursos públicos, ni el estado de derecho y sus estructuras anticorrupción.
Sin embargo, las palabras del Presidente Rodrigo Chaves indican que el poder enardecido del pueblo podría lanzarse a las calles si la Ley Jaguar no es aprobada. En otras palabras, induce a un conflicto social si no se tuerce la ley a la que todo funcionario público está sujeto mediante la Constitución Política.
La amenaza de sedición desde el Poder Ejecutivo podría contemplar una intromisión en las labores del Poder Legislativo, encargado de crear las leyes, y al mismo tiempo una intromisión en las labores del Poder Judicial, al indicarle a la Sala Constitucional que emita un criterio contrario al ya emitido en 1998, en el voto 998-1998.
Esta intromisión reduce la separación de poderes, violentando la Carta Magna y el orden constitucional. Esto podría ser una señal de la intención de golpear el estado social de derecho y constitucional, y las manifestaciones del Ejecutivo podrían tratarse de una intención del delito de sedición, lo que equivaldría a un autogolpe de estado.
La Real Academia Española (RAE) recoge en su diccionario el término sedición como: «Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.»
Artículo 333.- Incurrirá en el delito de traición y será castigado con la pena de quince a treinta años de prisión el costarricense que perpetre cualquiera de los hechos siguientes: 14.-0brar o contribuir a obrar de cualquier modo contra la integridad del territorio de la Nación o contra su soberanía. 16.- Excitar por medio de discursos o proclamas o por medio de la prensa, a reconocer o promover una intervención extranjera. (Ver en Sistema Costarricense de Información Jurídica).
Es importante recalcar que, aunque el mandatario señala a gobiernos anteriores, gran parte de su gobierno ha pertenecido a los partidos políticos que él menciona. Incluso, el pensamiento progresista que habitó en el PAC aún se pasea por los pasillos de Casa Presidencial. No podemos olvidar que el gobierno no es solo el mandatario, sino también un conjunto de funcionarios, jefaturas y ministros conocidos por su trayectoria en gobiernos cuestionados.
Los costarricenses debemos proteger el respeto a la Constitución Política de Costa Rica, y buscar la rebelión para aplicar la ley del más fuerte podría inundar al país en el caos social y debilitar el estado social de derecho. Debemos buscar limpiar el país del crimen organizado que ya ha infiltrado los poderes del estado, y no aprobar ni apoyar todo lo que permita al crimen organizado saquear las riquezas de los costarricenses.
Recordemos que quienes ocupan cargos públicos son seres humanos, y los humanos son corruptibles. No existe forma de saber si quien ocupa un cargo es una persona buena o corrupta, y es el estado de derecho el único medio para mantener la paz y la justicia social.
Aprendamos de lo que ha pasado en otros países. Después de este gobierno no sabemos quién ocupará el cargo de presidente, y si vemos lo que pasó en Venezuela, debemos tener cuidado, pues «después de un Chávez llegó un Maduro.«
Opinión de Gerardo Ledezma
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