DEFENSORA DE LOS HABITANTES adoptó, a partir del día de hoy, una política de rotación del personal director a efectos de mejorar el ambiente de control, independencia y transparencia en que se llevan a cabo las acciones institucionales de lucha contra la corrupción y mejora en la eficiencia y eficacia del sector público costarricense.
Estas medidas se suman a las ya adoptadas en relación el nuevo código de procedimientos interno (denominado Marcro-Proceso) que ordenó y tornó, más eficiente y expedito, el trámite de quejas y denuncias que presentan las y los habitantes de la República por problemas surgidos en la prestación de los servicios públicos que les brinda el Estado. La resolución de casos en los dos meses de ley y la foliatura de expedientes ha sido otra exigencia de la Defensora de cara a los tramites que brinda la institución; así como la implementación de una nueva Tipología basada en los ODS. Todo lo cual ha
permitido a la Defensoría alcanzar y superar records de trabajado tanto en el 2019 como en el 2020; y, manteniéndose, a nivel de ese último año, las atenciones dadas, a más de 34 mil habitantes, en el 2021.
En este escenario de “Mejora Continua” es que se circunscribe la medida de rotar al personal director en aras de alcanzar “una mejora” en la lucha contra la ineficiencia y la corrupción en el sector público costarricense. Ya que la rotación del personal director se torna necesaria e imprescindible para un adecuado ejercicio de la gestión sustantiva que permite atender asuntos institucionales con agilidad, celeridad y eficiencia; pero, sobre todo, con objetividad, independencia y total transparencia.
Dicha rotación encuentra fundamento en las normas que regulan el ejercicio del control interno del sector público, la intención consiste en evitar la corrupción en los ámbitos de las funciones y atribuciones desempeñadas.
La rotación de personal facilita el aprendizaje integral de toda la organización; promueve una adecuada socialización y desarrollo de relaciones interpersonales de los funcionarios y enriquece los puestos de trabajo, pues se promueve el desarrollo de competencias para el servidor, así como el clima y normas de control interno, esto debido al desempeño de diferentes cargos que garantiza el traslado de conocimientos.
Incluso la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, establece en el artículo 3º, El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
“La Defensoría se suma a las sanas prácticas a nivel internacional en esquemas organizacionales señalan la necesidad de promover el aprendizaje organizacional y las actividades innovadoras, de modo que coexistan los procesos en un ambiente de creatividad”, señaló Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.
Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, señaló que: “Renovar y dar rotación al personal es una forma de readecuar la prestación de nuestro servicio público a las mejores prácticas internacionales que rigen la labora de las Defensorías a nivel mundial”.
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