Mientras el Presidente de la República, D. Carlos Alvarado Quesada, insiste en un empréstito internacional para la adquisición de un tren eléctrico que favorecerá el transporte colectivo de personas a futuro; la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, le solicitó la interposición de sus buenos oficios el día de hoy y de cara al presente, a efectos de que el Consejo de Gobierno (órgano que designa al Regulador y a la Junta Directiva de ARESEP), nombre a los dos miembros de Junta Directiva que hacen falta para revocar la decisión gubernamental de no autorizar la rebaja en los precios de las tarifas de autobuses que por ley correspondía aplicar en favor de los usuarios del transporte público; lo cual es una decisión del “hoy” y no del “mañana” que demostraría si la apuesta del Presidente para fomentar el uso de medios colectivos para movilizar a las personas es real o no.
La Defensoría de los Habitantes se apersonó ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a reiterar el recurso de apelación con nulidad concomitante incoado mediante oficio N° DH-DEED-0999-2021 de fecha 15 de julio de 2021, contra el apartado II de la parte resolutiva de la resolución RE-0043-IT-2021 del 8 de julio de 2021, la cual suspendió la aplicación de la rebaja en el precio de los pasajes del servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad autobús, a nivel nacional, correspondiente al I semestre de 2021.
La solicitud de respetar la metodología vigente y aplicar de manera literal la normativa legal que determinó la procedencia de decretar una reducción en el precio de los buses para las personas usuarias, fue solicitada por la Defensoría de los Habitantes ante la Intendencia de Transportes de la ARESEP, la cual rechazó tal solicitud (mediante resolución N° RE-0055-IT de fecha 24 de agosto de 2021), inadmitiendo el recurso de revocatoria y rechazando la nulidad concomitante interpuesta por este órgano defensor. Debido a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes procedió a elevar tal solicitud, mediante un recurso de apelación, ante la Junta Directiva de la ARESEP, superior inmediato del Intendente de Transportes, a efectos de que se deje sin efecto, por falta de fundamentación, la suspensión de la rebaja tarifaria al servicio de autobuses que ordenó la Intendencia de Transporte, con base en una interpretación arbitraria y contraria a derecho que vulnera el derecho de defensa y debido proceso de las personas usuarias.
Sin embargo, la omisión en el nombramiento de los dos miembros faltantes de la Junta Directiva de la ARESEP por parte del Consejo de Gobierno, impide a este órgano sesionar a efectos de conocer el recurso interpuesto por la Defensoría, lo cual constituye un incumplimiento de deberes y una afectación directa a los derechos de las personas usuarias del sistema de transporte público, modalidad bus, en virtud de que permite la subsistencia en el tiempo de interpretaciones contrarias a derecho.
Es decir, la omisión de deberes del Presidente de la República y de los Ministros de Estado que conforman el Consejo de Gobierno (órgano competente para nombrar a los dos miembros faltantes de la Junta Directiva de ARESEP), impide a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sesionar a efectos de conocer el recurso interpuesto por la Defensoría en contra de la decisión unilateral de la Intendencia de Transporte Público que “congeló” la rebaja en el pasaje de los autobuses; y con ello, están siendo cómplices en permitir para que tal rebaja no se dé en favor de la gente que usa el sistema de buses para movilizarse y ejercer así su libertad de tránsito.
Para la Defensoría resulta de capital importancia el hallazgo de que resulta falaz la aseveración de la Intendencia de Transportes de la ARESEP, cuando ordenó la suspensión de la rebaja del pasaje de los buses con el argumento de que algunos operadores devolvieron o abandonaron sus rutas debido a la crisis económica originada por la pandemia y que ello, de ejecutarse la rebaja tarifaria, se haría extensivo a todos los demás operadores, con lo cual las personas usuarias verían suspendidos los servicios. La Defensoría demostró, en el escrito presentado ante la ARESEP, que las rutas que la Intendencia identificó como “abandonadas”, continúan prestando el servicio normalmente. Por lo tanto, el peligro que la Intendencia pretendía evitar al suspender la rebaja tarifaria, nunca existió y con ello, la suspensión de la rebaja carece de toda justificación.
Asimismo, en el desarrollo de la investigación hecha por la Defensoría, se demostró la existencia de importantes incongruencias que restan confiablidad al Sistema de Información Regulatoria (SIR) que utiliza la ARESEP, ya que el mismo no refleja, de manera exacta, la información del sector transportes, al utilizar como única fuente de datos: “la información que las propias empresas de autobús proporcionan sobre la cantidad de pasajeros e ingresos económicos”. Llama además la atención que la ARESEP, en ausencia de medios propios para obtención de información sobre el servicio público que por ley está llamado a regular, valide mecánicamente y de forma automática la información que le es presentada por parte de las empresas.
“Hago un vehemente llamado al Presidente de la República y al Consejo de Gobierno para que cumplan con sus deberes legales y nombren a los dos miembros que hacen falta en la Junta Directiva de la ARESEP, a efectos de que se pueda aplicar la rebaja en el precio de los pasajes de autobús que aún no ha sido posible materializar en favor de las personas usuarias. También solicito a Don Carlos Alvarado, que su preocupación por un tren eléctrico en pro de la mejora del sistema de trasporte público en Costa Rica, sea precedida por la aplicación de la rebaja tarifaria en los buses que su Gobierno no ha querido atender; y, por su respectiva orden para que INCOFER use de manera intensiva el actual sistema ferroviario que permanece sin utilización alguna entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde; lo cual supone un triste presagio para el oneroso tren eléctrico que propone la Presidencia de la República” señaló la Defensora, Catalina Crespo.
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