La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, insiste ante el Presidente de la República, Carlos Alvarado, para que se analice en una mesa inter-institucional la reingeniería de la deuda pública costarricense a partir de diversas estrategias de solución presentadas por expertos nacionales y distintos entes profesionales preocupados por la adversa situación de las finanzas públicas, la deuda interna y la necesidad de reactivar la economía nacional para reducir el desempleo.
Desde el mes de junio la Defensoría solicitó al Gobierno convocar a un proceso de “Diálogo Nacional”, entre las instituciones públicas costarricenses que son tenedoras y acreedoras de los títulos de la deuda Estatal, a efectos de disminuir el pago de la misma a través de una moratoria para el pago de intereses y principal hasta que las finanzas públicas alcancen su punto de equilibrio y se retome el pago de tales títulos, extendiendo su plazo de vencimiento de conformidad al plazo de moratoria acordado; de igual manera, reducir el exagerado monto de intereses que se paga a las instituciones tenedoras de deuda pública y homologarlo a precios de mercado; tales medidas son necesarias e imprescindibles a efectos de generar las condiciones de reactivación que requiere nuestro país y así superar la actual crisis económica.
El costo incremental que representa la deuda para la economía impide la reactivación económica; ya que sólo el pago de intereses representó el 5,6% del PIB en el año 2020. Además, según la última información disponible por este órgano Defensor, del total de la deuda pública, 76,27% corresponde a deuda interna y el 23,73% a deuda externa. La Defensoría lamenta que el Poder Ejecutivo omita referirse a estas ideas de solución, genuinamente costarricenses, que ayudarían a superar la actual crisis económica; y, en vez de ello, se limite al facilismo de gestionar más impuestos en perjuicio de las y los Habitantes de la República.
Para la Defensoría, el peso que significa el servicio de la deuda interna sobre el presupuesto nacional es un problema que en parte se puede solucionar con un proceso de reingeniería de la deuda interna que permita condonar parte de ésta, ampliar los plazos de vencimiento y una reducción significativa en las tasas de interés, acciones congruentes con un período de crisis y de pandemia; tal como lo hizo el sector financiero privado en su momento con la deuda de los hogares y las Pymes.
Según informan los analistas y especialistas del Ministerio de Hacienda, a pesar de la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones impuestas para su contención, el Gobierno Central registró, en el primer semestre del año, un superávit primario de 0,45% del PIB; situación que no se presentaba desde el año 2008. Asimismo, para el cierre del presente año, el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit primario menor al 0,9% del PIB y un déficit fiscal de alrededor del 5% del PIB, cifra inferior en más de tres puntos porcentuales al déficit registrado en el 2020 (que fue de 8,34% del PIB).
A pesar de estos resultados positivos, dentro de la gravedad de la situación, las autoridades económicas reconocen que el principal reto de las finanzas públicas es la reducción de la deuda pública y su servicio; el cual se duplicó en los últimos cinco años. Esta circunstancia impacta negativamente el balance fiscal del Gobierno Central, de manera que en el presupuesto nacional para el año 2022 –aprobado el 25 de noviembre pasado en la Asamblea Legislativa– del total de los ¢11,5 billones de gasto presupuestado; el 43,4% se destinará al servicio y amortización de la deuda pública.
Según los especialistas, los resultados fiscales hasta ahora menos adversos de los esperados obedecen a la aplicación de la regla fiscal y al cambio del impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado (IVA) que permitió extender dicho tributo a los servicios que consume la sociedad. Sin embargo, en esa evaluación no se considera el costo socioeconómico que el ajuste fiscal ha implicado para la sociedad en su conjunto en términos de empleo, costo de vida y bienestar, empobrecimiento y pérdida en la capacidad de compra de los consumidores, entre otros.
“La Defensoría hace un vehemente llamado para que se concrete este diálogo inter-institucional comprometido socialmente con el presente y el futuro del país. Señalando que para que el mismo sea fructífero se deben acordar las acciones concretas que el país debe de implementar respecto de la reducción y moratoria de la deuda pública estatal, que potenciaría la reactivación económica a través de la mejora en producción, el empleo, la comercialización y exportación de productos hechos en Costa Rica. Por ello, la atención de la Deuda demanda la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar al habitante condiciones sociales para el pleno ejercicio de sus derechos humanos”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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