El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó este martes la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.° 10159), que tiene como objetivo mejorar las finanzas del Estado y modernizar la gestión pública costarricense.
Esta ley –presentada desde abril del 2019–, se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa el lunes; es una legislación clave en el proceso de consolidación fiscal que ha impulsado el Poder Ejecutivo. Al mandatario lo acompañaron en este acto María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad Social; Elian Villegas, ministro de Hacienda y Steven González, ministro de Educación Pública, como firmantes, así como diputados y otras autoridades.
La ley posibilita una gestión pública más eficiente y transparente, ya que ordena la legislación actual mejorando la planificación del talento humano, el reclutamiento y la selección de las personas servidoras públicas y la evaluación de su desempeño, con el fin de brindar servicios de excelencia a la ciudadanía.
Asimismo, al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global, permite reducir las inequidades salariales existentes entre personas servidoras públicas que realizan las mismas funciones, además se estima que generaría un ahorro al Estado de entre 0,81% y 1,04% del PIB al año.
Para el Presidente Alvarado, la Ley Marco de Empleo Público constituye una reforma estructural necesaria para Costa Rica. “Nuestro país está dando un enorme paso para impulsar la igualdad para que las personas en el sector público que ejercen la misma función tengan igual remuneración, se generará mayor justicia entre quienes trabajan en los sectores público y privado, y habrá también un mejor control del gasto público”, subrayó el gobernante.
“La Ley Marco de Empleo Público representa un cambio de paradigma, en el cual lo central no es la institución a la cual las personas servidoras públicas pertenecen sino el servicio que prestan a la sociedad. También permitirá eliminar paulatinamente las desigualdades salariales que existen hoy en día entre personas que desempeñan el mismo trabajo, además de cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público, que cubre a todas las instituciones públicas, salvo a los entes públicos no estatales y las empresas públicas en competencia”, expresó la ministra Garrido.
La legislación establece una columna salarial única (salario global), definida a partir de la metodología de valoración del trabajo, y que se aplicará a todas las personas servidoras públicas nuevas que ingresen al sector público. Las convenciones colectivas no presionarán el gasto público.
La Ley Marco de Empleo Público entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Asimismo, el transitorio I concede un plazo de seis meses para emitir la normativa reglamentaria necesaria para la implementación de la ley.
La ministra Garrido detalló que se está empezando a trabajar en la definición de la escala salarial única y en el reglamento. “Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del propio banco estamos iniciando, a partir de hoy, un trabajo de implementación, que nos llevará a avanzar tanto como sea posible, en los meses que nos restan a la presente Administración, en la valoración de los puestos de trabajo, la simplificación de los mismos y la definición de las funciones. Todo esto con el fin de que sea un insumo estratégico con el cual se va a continuar, en la próxima administración, el trabajo de la definición de la escala salarial única y del reglamento, que esperamos esté finalizado al entrar en vigencia la ley”, afirmó.
Regulación moderna.
“Es importante regular el empleo público no solo por las implicaciones fiscales que tiene, sino también por las implicaciones que debe tener en cuanto a la eficiencia en el tipo de servicios que le estamos brindando a todos los costarricenses, ya que se está gastando una cantidad importante de los ingresos tributarios en remuneraciones y eso exige brindar servicios de calidad. Para ello se requiere una regulación moderna y que apoye fuertemente los propósitos que tiene un Estado moderno”, explicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Todo lo establecido en la Ley N.° 10159 se enmarca en el más estricto respeto a los derechos adquiridos por las personas funcionarias públicas, que actualmente laboran en el sector público, así como a los derechos fundamentales.
Para Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, esta ley envía un mensaje contundente sobre la convicción que ha prevalecido en distintas fracciones legislativas sobre la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sector público, así como posibilitar una mayor justicia salarial. “Este es un paso decisivo y una decisión estructural para lograr una mejor situación de nuestras finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, agregó la jerarca.
“Hoy es un día de cosecha, por lo tanto es un día que me llena de inmensa alegría. Esta es una ley importantísima, de las que cambian cosas en la vida de una sociedad (…) Hoy tenemos una ley buena, una ley que sirve al bien común”, dijo el diputado Víctor Morales.