Con el voto unánime de los 9 congresistas presentes, la comisión de Asuntos Jurídicos, dictaminó de manera positiva, el expediente 23.800 el cual contiene una Reforma al artículo 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones que pretende introducir una modificación a la Ley 1155 para terminar así con el fraude que cometen los narcotraficantes internacionales al adquirir nuestra nacionalidad con el fin de evitar su extradición a terceros países.
Los legisladores proponentes de la iniciativa, Rodrigo Arias Sánchez y Danny Vargas Serrano, sostienen que, con el fin de burlar su extradición hacia países que los solicitan por haber cometido delitos, muchos narcotraficantes extranjeros optan por naturalizarse como costarricenses, con lo cual evitan ser extraditados, amparándose al derecho fundamental que gozamos los costarricense en esa materia, según lo establece el artículo 32 de la Constitución Política.
Si esta reforma se hace ley, el Registro Civil quedará habilitado para cancelar las naturalizaciones otorgadas en favor de extranjeros a los que se les demuestre que han tenido o tienen procesos penales por narcotráfico o lavado de dinero pendientes de resolución, ya sea en Costa Rica o en el extranjero, pues tales naturalizaciones son nulas de pleno derecho.
Audio del diputado Danny Vargas
Timbre para O.I.J.
Los congresistas también dictaminaron el expediente 23.411Ley para la creación del timbre del Organismo de Investigación Judicial O.I.J.
El diputado Jorge Rojas, quien es el proponente de la reforma, indicó que esta es una excelente alternativa, muy sana, para dotar al O.I.J. de presupuesto que le permita combatir el crimen organizado y realizar sus actividades de contención del narcotráfico.
Audio del diputado Jorge Rojas
El único diputado que no proporcionó su voto para el dictamen de esta iniciativa, fue el parlamentario Jorge Dengo, quien aseguró que este es un impuesto más que se le carga a los costarricenses.
Dengo también contradijo la posición sostenida por Rojas en el sentido que los recursos recaudados irían directamente al OIJ, ya que en criterio del parlamentario oponente los dineros quedarán en las manos del Poder Judicial y serán estos los encargados de su distribución.