Nota de prensa de Asamblea Legislativa:
Los expertos en economía de la UCR ven con buenos ojos el expediente N.º 22391. Ley para la Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del Estado y el Derecho de Utilidad Ambiental- (LEY DUA), que se discute en la Comisión Especial de Zonas Costeras.
La iniciativa pretende solucionar el vacío jurídico que se generó con la declaratoria de Áreas Silvestres Protegidas, en todas sus categorías de manejo excepto Parques Nacionales y Reservas Biológicas, respecto de los pobladores de esos terrenos, regulando la interacción entre dos derechos humanos de igual jerarquía y valor: el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado frente al derecho al bienestar humano.
Con esta ley se establece un derecho real administrativo sobre bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado, en beneficio de sujetos de derecho privado. Tal derecho les faculta para utilizar dichos bienes con apego a los límites y condiciones que disponga el ordenamiento jurídico nacional.
Dentro de los objetivos de la propuesta de Ley, están, coadyuvar a solucionar los problemas económicos y sociales presentes en las áreas bajo alguna de las categorías de manejo de área silvestre protegida o en terrenos del Patrimonio Natural del Estado, garantizar la integridad y el equilibrio del dominio público, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad humana.
Además, de definir y regular el Patrimonio Natural del Estado, sus usos permitidos y prohibidos y su administración. Promover la justicia social, evitar y resolver conflictos que, debido a la ocupación irregular de territorios dentro de estas áreas, impiden su adecuada administración.
Kifah Sasa, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comentó que se están estimando los efectos de la aprobación de la Ley Dua.
La economista de la UCR, María Lucía Contreras explicó que las personas no tienen derechos sobre la tierra tienen series rezagos en sus derechos y el estudio se basó en el censo 2018.
Según los datos entregados a los legisladores entre 76.613 y 112.170 personas se podrían ver beneficiados con esta nueva legislación.
Al entregar derechos sobre la tierra, se daría un incremento en la calidad de las viviendas, además, de un incremento en el tema de provisión de agua y electricidad, también sobre el tema de acceso a la tecnología.
Podría tener un incentivo en el tema de la escolaridad de las personas, además del tema del cuido. Y se da una disminución en el trabajo infantil.
La legisladora Nidia Céspedes Cisneros consultó sobre si muchas familias quedarían por fuera, a lo que la economista explicó que el análisis se basó en ciertas áreas.
Por su parte el diputado oficialista, Víctor Morales Mora agradeció el esfuerzo del PNUD para la toma de decisiones. “Se debe destacar que este proyecto beneficia a personas de carne y hueso”.