La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública condenara a cuatro años de prisión a dos funcionarios del Consejo de Seguridad Vial, sede Puntarenas, por el delito de concusión.
El juicio se realizó entre agosto y setiembre del 2021, cuando dicho Tribunal, con sede en el II Circuito Judicial de San José, ordenó que los imputados, José Miguel Araya Cornejo y Víctor Hugo Castillo Campos, cumplan la sentencia bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico y que, por el mismo período, estén inhabilitados del cargo.
De acuerdo a la investigación realizada por la FAPTA, los encartados se valían de sus puestos, como evaluadores de pruebas prácticas de manejo, para cobrar a las personas usuarias y asegurarles la aprobación del examen, lo que les permitía optar por la licencia para conducir.
En el juicio, la Fiscalía acreditó que los imputados cobraron a cuatro personas sumas que oscilaban entre los ¢10.000 y los ¢100.000, antes o después de que la persona realizara la prueba práctica de manejo.
Los hechos fueron investigados en el expediente 10-15060-042-PE.
