En Costa Rica, se percibe un riesgo inminente: la Administración Pública parece estar dando prioridad a las opiniones sobre nuestro Estado Social de Derecho. Esto podría llevarnos a una crisis social, similar a las que sufrieron las dictaduras latinoamericanas.
Aunque es fundamental escuchar todas las voces y considerar la diversidad de pensamientos, ha surgido una especie de grupo organizado que censura las opiniones divergentes. Parece que ahora prevalece la ley del más fuerte.
Las campañas políticas agresivas a las que se ha sometido al país recientemente recuerdan a una manipulación a través de herramientas tecnológicas. Esto puede inducir a la sociedad a una falsa sensación de seguridad, mientras en realidad se están creando herramientas que, en manos de individuos sin principios éticos o morales, representan una amenaza a nuestra seguridad y nos exponen al riesgo de caer en el Socialismo del Siglo XXI y la influencia de distintas mafias internacionales.
La ausencia de un Estado de Derecho podría estar dando paso a un Estado de Opinión, donde parece no haber un refugio legal y pacífico al cual recurrir. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿están tratando de incitar un estallido social?
La falta de debate público puede dar lugar a la proliferación de la corrupción y a la eliminación de los contrapesos democráticos que garantizan un Estado Social de Derecho legítimo y oportuno, lo cual es crucial para mantener la paz social.
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Existen temas cruciales que deben ser debatidos para determinar si se está llevando a cabo una transformación institucional semejante a la que afectó a países como Colombia, El Salvador o Venezuela, donde el narcotráfico permeó la Asamblea Legislativa.
Frente al incremento de la violencia en el país, debemos preguntarnos: ¿ha logrado el narcotráfico infiltrarse en nuestros Poderes de la República y en nuestras autoridades judiciales y administrativas? Los arrestos de los últimos años parecen indicar que sí, lo cual enfatiza la importancia de mantener una vigilancia constante sobre el respeto al Estado Social de Derecho.
Sin un Estado Social de Derecho y con los contrapesos democráticos inactivos, nos enfrentamos al riesgo de llenar nuestras cárceles con personas inocentes. Ya hoy en día, nos enfrentamos a muchas denuncias desde el pueblo sobre este problema que genera injusticias, incluso en casos de gran magnitud económica que quedan sin resolver, pero el pobre termina por meses o años en la cárcel. ¿Prevaricato?
La situación actual de Costa Rica es evidente para muchos, pero lamentablemente no para todos. La complicidad de la prensa canalla que genera opinión por encima de informar se convierte en parte del problema, ahora la prensa señala a la disidencia como terrorista o como antivacunas, criterios personales ideológicos que no pueden respaldar, en otras palabras, son opiniones vendidas como noticias, que incluso dichas opiniones pueden verse infundadas o influenciadas por intereses comerciales.
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La mayoría parece creer que el país está en excelentes condiciones democráticas, sin considerar que a lo largo del tiempo se han promulgado leyes que podrían estar vulnerando nuestros derechos humanos y constitucionales, donde incluso se ha promovido la objeción de conciencia.
Para mencionar un ejemplo, basta recordar la eliminación del Paseo de los Estudiantes, un símbolo de lucha social, que fue resultado de la acción de Estudiantes que lucharon contra los decretos que limitaron derechos constitucionales y llevaron a la caída del gobierno de los Tinoco. Este evento condujo a la inclusión en nuestra Constitución Política de medidas para regular los decretos que limitan derechos constitucionales. Sin embargo, durante la llamada pandemia, observamos una violación de la Constitución Política y de nuestros derechos, y lamentablemente, el Código de Nuremberg fue olvidado y no fue tema de debate público.
La última dictadura de Costa Rica, de Federico Tinoco. – CRprensa.com
Detrás de estos actos, podrían ocultarse casos de corrupción, traición a la patria y lesa patria de gran envergadura. Podría tratarse de un nuevo caso Odebrecht 2.0, que incluye el intento forzado de imponer el caso UPAD, cuya descentralización y acumulación apresurada de datos personales condiciona los derechos ciudadanos, como el acceso a un pasaporte.
UPAD continúa descentralizada en el actual gobierno – CRprensa.com
A pesar de las peticiones, incluso del presidente de la República, para un debate técnico y científico respaldado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), la Comisión IDH de la OEA ahora solicita esta información al Estado Costarricense, particularmente en relación con la obligatoriedad.
El impulso económico de la comunidad LGTB+ y para impulsar el aborto puede señalar que el dinero se ha convertido en un recurso crucial para impulsar o descartar proyectos de ley, lo que convierte nuestro Estado de Derecho en un sistema clasista y discriminatorio. Pobres con plata impulsando ideologías que pagan ORG´s con intereses creados. Hoy día los genitales se están convirtiendo en factores mas importantes que los cerebros, ¿se hace apología del delito para violencia de genero? Pues la ley debería ser igual para todos, sin embargo, la algunas leyes hasta violentan el derecho de presunción de inocencia, incluso las falsas denuncias se convierten en herramientas de extorción de género, donde una mujer llega a decir a un hombre que si no le da tal cantidad de dinero lo denuncia por abuso o violación ¿esto no puede generar violencia contra la mujer e incluso femicidios?, pues conforme pasa el tiempo y se degrada nuestra sociedad, veremos como muchas de estas imposiciones arrojan resultados contrarios a los pretendidos.
Entre otros aspectos, el Estado Social de Derecho debe regular la protección de datos en los servicios de telefonía prepago. Sin embargo, ¿se ha ignorado la ley en favor de intereses comerciales? ¿Se están realizando pagos en paraísos fiscales a funcionarios públicos para eludir la aplicación de la ley?
Diputados pueden salvar vidas en Costa Rica – CRprensa.com
Recientemente, se transmitió una película sobre la trata de personas menores con fines sexuales y tráfico de órganos, y vimos a políticos en primera fila manifestando su indignación. Sin embargo, ninguno ha actuado sobre el uso de la telefonía prepago para combatir delitos como la extorsión, estafas, sicariatos y la trata de personas. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿se está utilizando esto para favorecer campañas políticas mediante la manipulación de la opinión pública? Ya lo hemos visto con la exposición de troles en comisiones de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿quién aborda estos temas? ¿Realmente se está gobernando en beneficio del pueblo o de intereses comerciales?
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Sin embargo, hay más amenazas en el horizonte. El tratado de pandemias de la OMS se suma a la intención del voto electrónico y a la eliminación del dinero físico. Pero hay muchas más amenazas que debemos tener en cuenta, como la pérdida de la propiedad privada, la intención mundial de implementar el crédito social y las ciudades de 15 minutos.
¿Qué podemos hacer para defendernos de los abusos de poder de la clase política y de las mafias infiltradas en los Poderes de la República? Primero, debemos llamar las cosas por su nombre. Aquellos que están violando la Constitución Política están cometiendo delitos de lesa patria, por lo que es crucial analizar los proyectos de ley que amenazan nuestro sistema democrático.
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Además, debemos entender que algunos políticos realizan negocios a espaldas del pueblo, beneficiando a ciertas marcas a expensas de todos los costarricenses. Esto puede constituir un delito de traición a la patria. Por ejemplo, aún se debate la obligatoriedad en Contencioso Administrativo, lo que deja muchos derechos a la espera de una justicia pronta y cumplida. Por el contrario, se persigue a aquellos que no creen ciegamente en las disposiciones de un grupo de extremistas, quienes impusieron medidas obligatorias sin permitir el cuestionamiento. Censuraron la disidencia. ¿Fue esto en beneficio de un Estado de Derecho o para proteger negocios de gran envergadura? Lamentablemente, el tiempo ha permitido que muchas injusticias se basen únicamente en «creencias» que nunca se han podido respaldar científica y técnicamente.
Estas creencias, ya sea por miedo, ignorancia o por intereses económicos en paraísos fiscales, no deben quedar impunes. Nuestro sistema de Estado Social de Derecho establece que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Aunque los contrapesos parecen haberse desactivado, el poder del pueblo y la democracia nos permiten una defensa legítima.
Por tanto, nuestra Constitución Política nos da el derecho y la responsabilidad de reunirnos pacíficamente y sin armas para evaluar el comportamiento de los funcionarios públicos. Además, los derechos humanos universales nos permiten autodefinirnos como pueblo, lo que nos da la autoridad para crear herramientas que protejan y preserven nuestro sistema democrático.
¿Qué opinas sobre la creación de un tribunal de juicio desde el pueblo para abordar casos de lesa patria y traición a la patria? Estoy seguro de que muchos casos podrían llevarse a una sentencia justa contra los funcionarios públicos que han traicionado a todos los costarricenses.
Puedes encontrar más información sobre este proyecto en www.pazcr.com
Y es que tenemos que tener claro, los políticos no son las personas mas inteligentes que hay en el país, debemos abrir espacio de debate para poder cuestionar las acciones de los funcionarios públicos, tal como lo establece nuestra Constitución Política. De esta forma, los ciudadanos podremos definir mejor cual es el futuro que pretendemos para nuestra patria, y no la que un grupo económico y político nos quieren imponer mediante la manipulación de la opinión pública.
El debate público debe volver al pueblo, la censura debe ser eliminada en toda cede pública donde se deben a la probidad y trasparencia, pues fácilmente podemos señalar hoy día, “La ausencia del debate es presencia de corrupción”.
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