¿Está el Gobierno de Chaves vinculado al narcotráfico internacional?
Opinión: El panorama actual podría ser una señal de que el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia de la República no tienen el control de los policías preventivos de la Fuerza Pública, herramienta constitucional que el país les otorga para enfrentar el crimen organizado y mantener la paz social.
La responsabilidad in vigilando e in eligendo que recaen sobre el Presidente de la República y su ministro en el cargo, según el artículo 140, incisos 1, 6 y 16 de la Constitución Política, dejan claro que no hay excusas posibles ante las víctimas. Es una responsabilidad directa, inherente al ejercicio del poder.
Sin embargo, las órdenes del Comandante en Jefe —el propio Presidente de la República— y de su ministro de Seguridad Pública, parecen no estar siendo acatadas. Las declaraciones del ministro evidencian que sus subordinados podrían estar actuando al margen de la autoridad que los nombra.
El uso de pasamontañas tiene directrices específicas: solo se permiten en casos de terrorismo o en operativos conjuntos con autoridades judiciales. Todos los policías del Ministerio de Seguridad Pública son civiles —no militares— y su función es preventiva. Solo la Policía de Control de Drogas (PCD) actúa bajo coordinación judicial.
La infiltración del narcotráfico en el Ministerio de Seguridad Pública podría haber permitido que el uso del uniforme y del pasamontañas sirva a fines contrarios a la ley. Eso significa que las estructuras del Estado podrían estar siendo utilizadas para proteger al crimen organizado, en lugar de combatirlo.
Ni los policías que usan pasamontañas parecen seguir las órdenes de su Comandante en Jefe, ni los departamentos disciplinarios actúan conforme a derecho. Y el silencio del presidente y de su ministro ante el desacato institucional solo profundiza la desconfianza ciudadana.
Los señalamientos sobre la Academia de Guardacostas, las denuncias de Celso Gamboa sobre un Poder Ejecutivo que facilita el ingreso de drogas, los atrasos en la instalación de escáneres, y las descalificaciones del ministro contra la prensa que documenta la presencia del narcotráfico en el país, son hechos demasiado graves para ignorarse.
A esto se suma que el presidente minimiza el incremento de homicidios dolosos, pese a que Costa Rica atraviesa el tercer año más violento de su historia reciente, coincidiendo con la gestión del abogado y ministro de Seguridad Mario Zamora en el gobierno de Rodrigo Chaves.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Quién controla realmente a la Policía Administrativa? ¿Tienen el presidente y su ministro dominio sobre sus subordinados o están respondiendo a estructuras externas vinculadas al crimen organizado?
El proceso de reclutamiento policial también despierta sospechas. ¿Se aplicó el debido rigor en la selección de nuevos agentes o, como en el caso del narcopolicía extraditable, se ha permitido al narcotráfico infiltrarse en las instituciones del Estado?
La historia ofrece paralelos peligrosos. En Venezuela, la infiltración de agentes cubanos en los cuerpos policiales y militares fue clave para controlar mandos medios, neutralizar resistencias internas y consolidar un régimen que hoy mantiene a fuerzas internacionales vigilando sus costas.
El Foro de São Paulo, fundado entre otros por el Tupamaro Jorge “Pato” Cuartino —exesposo difunto de la actual magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones—, ha sido señalado por su relación con regímenes afines a Irán, China, Cuba y Rusia, y por financiar movimientos políticos a través del narcotráfico entre Colombia y Venezuela. Costa Rica no está exenta de ese riesgo.
Tampoco se puede olvidar que un exministro de Seguridad reveló correos que vinculaban a funcionarios del gobierno de Óscar Arias con el narco colombiano, sin que Casa Presidencial ni el Ministerio Público actuaran. O que una expresidenta del BCR denunció lavado de dinero para campañas políticas dentro del propio banco, denuncia también silenciada.
Ante todo esto, la pregunta es ineludible: ¿Qué tan infiltrado está el crimen organizado en Costa Rica? Y si los pasos seguidos por otros países del continente —como promover una constituyente— forman parte del mismo manual de penetración institucional, ¿estamos ante el surgimiento de un narcoestado?
Por Gerardo Ledezma | GerardoLedezma.com