ERP-SAP en la CCSS ¿un ejemplo de cómo se sabotea lo público desde adentro?

Opinión | Según denuncia UNDECA el caos que vive hoy la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con el fallido sistema ERP-SAP no es fruto de un error técnico, ni de una falla menor. Es, según lo que ha denunciado la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), el resultado de una cadena de decisiones irresponsables, negligentes y posiblemente delictivas tomadas desde la más alta jerarquía institucional.

La denuncia penal presentada por UNDECA ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con abundante prueba documental, no puede ser ignorada ni minimizada. Los hechos relatados —y respaldados por auditorías internas e informes técnicos— hablan de pagos retroactivos sin respaldo, entregables defectuosos, adendas contractuales irregulares y graves afectaciones a servicios esenciales de salud. Todo eso por un sistema que costó más de 50 millones de dólares y que fue lanzado a producción sin condiciones mínimas.

Mientras se insiste en castigar al personal por errores operativos menores, desde la cúpula de la CCSS se habría empujado la entrada en vigor de un sistema que no estaba listo, en claro desacato a informes técnicos institucionales. No se trata solo de una mala decisión administrativa: se trata de una posible ruptura del deber de legalidad y de respeto al interés público, que, de comprobarse, puede configurar delitos graves.

Esto no es nuevo. Ya hemos visto cómo la captura institucional se manifiesta en proyectos públicos donde el contratista termina dictando las reglas, participando en decisiones internas, sin nombramiento formal ni rendición de cuentas. La privatización técnica de las decisiones públicas es una forma moderna de sabotaje institucional: se permite que actores externos dicten el rumbo sin responsabilidad política ni legal.

Los resultados están a la vista: falta de trazabilidad financiera, medicamentos sin abastecimiento, pagos a proveedores atrasados, incapacidades mal gestionadas y un sistema de salud pública que intenta operar con los ojos vendados. ¿Quién responde por esto?

En cualquier Estado serio, un caso así implicaría suspensiones inmediatas, apertura de causas disciplinarias, congelamiento de pagos y protección del erario público. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué, cómo y quiénes permitieron que un contrato millonario afectara directamente la salud de millones de personas.

No se puede normalizar el saqueo institucional ni disfrazar de “modernización” lo que parece ser una violación frontal al principio de legalidad y una amenaza directa al servicio público.

Como bien señala UNDECA: la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados. Se defiende con transparencia, profesionalismo y justicia. Lo demás es complicidad.

COMUNICADO UNDECA

Comunicado de prensa
1 de julio, 2025.
¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!
UNDECA EXIGE INVESTIGACIÓN PENAL Y SUSPENSIÓN DEL SISTEMA ERP

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denuncia ante el país el escandaloso deterioro institucional y humano causado por el malogrado proyecto ERP-SAP, el cual fue impuesto de forma temeraria por las más altas autoridades de la CCSS, desoyendo múltiples advertencias técnicas y auditoras.
Con base en abundante prueba documental, UNDECA ha interpuesto una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, solicitando que se investigue posibles hechos que, de comprobarse, podrían configurar delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción, en el marco de la ejecución del contrato N.º 2020-09 para la implementación del sistema ERP en la CCSS.
Dicha acción se fundamenta en hechos documentados y respaldados por oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales, expedientes contractuales que señalan posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares, registros administrativos, que reflejarían una serie de irregularidades sustantivas en los procesos de planificación, ejecución, supervisión y control del Proyecto ERP, con un costo superior a los $50 millones de dólares.
La implementación del sistema ERP-SAP, ha causado caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud, entre otros.
La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández y el director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, impulsaron la implementación del sistema en junio de 2025, sin contar con condiciones técnicas mínimas, en claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos.
A pesar de las fallas documentadas, la jerarquía institucional forzó la entrada en producción (Go-Live), comprometiendo la legalidad, la trazabilidad y la continuidad del servicio público esencial.
El proyecto aparentemente se ejecutó con una preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados y soslayando los mecanismos de control. Los hechos apuntan a una posible captura técnica del proceso por parte del proveedor, que incluso participó en decisiones institucionales sin acto formal de nombramiento ni independencia funcional.
“En este sentido, solicitamos respetuosamente al Ministerio Público que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, así como que se adopten medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario público, de conformidad con los artículos 283 y siguientes del Código Procesal Penal y el artículo 22 de la Ley N.º 8422”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
La salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social.

Junta Directiva Nacional de UNDECA