Ley y ciencia esta ausente de las decisiones políticas tomadas por las autoridades de salud del gobierno anterior, pero que llama la atención que colegios guarden silencio ante las actuaciones que han llevado a la población a crisis incluso económicas.
Declaratoria de estado de emergencia debería de justificarse científicamente, pero las estadísticas incluso han sido modificadas para manipular el resultado que se muestra a los costarricenses. Preocupantemente esta estructura permitiría que cualquier mafia organizada saqueara los recursos del país sin ninguna resistencia, ni por las autoridades, ni por parte del pueblo, ya que cuenta con la información necesaria para dudar.
Casos similares ya se han presentado en la historia latinoamericana, poder buscar sobre el Caso Odebrecht, una constructora que compró políticos en 12 países para amañar las compras, lo que debería de prender las luces de las distintas autoridades que deben de funcionar como contrapeso a la corrupción dentro de la administración pública.
Mientras, en la Asamblea Legislativa se promueven leyes como la de objeción de conciencia, en las cuales sirven al igual que la ley anti-huelgas, solo para control social por intereses políticos y económicos.
Por esto, los costarricenses debemos reunirnos pacíficamente para analizar las conductas de los funcionarios públicos, y desarrollar estrategias para frenar el avance de la corrupción, e incluso, generar herramientas para llevarlos a un tribunal.
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