Eliminar el dinero físico abre la puerta al abuso estatal y al saqueo empresarial

Opinión: La idea de eliminar el dinero físico se ha vendido como un paso natural hacia la modernización económica. La narrativa dominante asegura que la digitalización total traerá eficiencia, seguridad y comodidad. Pero para un empresario que depende de la continuidad operativa, la protección patrimonial y la autonomía financiera, este cambio representa un riesgo profundo. Eliminar el efectivo no implica solo sustituir billetes por bits. Implica colocar cada transacción, cada movimiento económico y cada decisión financiera dentro de un sistema centralizado, rastreable, intervenible y potencialmente vulnerable a abusos, errores tecnológicos y manipulaciones políticas o criminales.

En un entorno completamente digital, tu empresa deja de operar bajo tus reglas y pasa a depender de instituciones financieras, operadores tecnológicos globales, reguladores y proveedores de infraestructura que no están bajo tu control. Cada pago a proveedores, cada compra, cada flujo de caja y cada movimiento interno queda registrado en tiempo real. En apariencia, es apenas un cambio administrativo. En la práctica, es una radiografía completa y permanente de tu actividad empresarial. Esa información, cuando está centralizada, deja de ser un recurso y se convierte en un arma. Acceder ilegalmente a ella ya no requiere infiltraciones físicas o semanas de vigilancia. Basta una filtración, una brecha de seguridad, una suplantación de identidad o un descuido en autenticación. Con eso, grupos criminales pueden reconstruir tu operación financiera con exactitud matemática.

Una empresa con ciclos regulares de liquidez es predecible. Una empresa con pagos a proveedores específicos es rastreable. Una empresa donde el titular o administrador realiza compras, visitas a propiedades o movimientos personales vinculados al trabajo es observable. Cuando se elimina el efectivo, desaparecen las zonas grises que antes impedían que un delincuente supiera con exactitud cuándo tienes dinero disponible o dónde estás ubicado. Esto facilita secuestros calculados, extorsiones personalizadas y presiones económicas basadas en conocimiento directo de tus ingresos reales, tu capacidad de pago y tus activos. Un criminal ya no tiene que adivinar si puedes pagar un rescate. Lo sabe. Y sabe cuándo.

Pero incluso si nunca enfrentas una amenaza criminal directa, la eliminación del efectivo abre otra vulnerabilidad: la dependencia absoluta de sistemas que pueden fallar o ser manipulados. La caída de internet en una región deja a las empresas incapaces de pagar servicios básicos o mover inventario. Un apagón eléctrico de varias horas paraliza por completo la operación comercial. Una interrupción en un proveedor como AWS puede bloquear sistemas bancarios completos, como ya ha ocurrido en distintas regiones del mundo. Y en un país sin efectivo, ningún empresario tiene forma de mantener operaciones mínimas durante un evento así. No puedes pagar transporte, no puedes reubicarse personal, no puedes comprar combustible, no puedes adquirir insumos y no puedes responder a emergencias internas. Tus activos físicos pueden estar intactos, pero si tu acceso al capital está bloqueado, tu empresa se detiene y tu control sobre tus bienes desaparece temporalmente.

El riesgo más inquietante, sin embargo, proviene del ámbito político y regulatorio. En Canadá, durante el caso Freedom Convoy, el gobierno ordenó congelar cuentas bancarias de participantes y simpatizantes utilizando la ley de emergencias. El hecho está documentado. No se trata de un rumor ni una interpretación. Es una demostración de que, en momentos de tensión política, un Estado moderno puede paralizar el patrimonio de un ciudadano, una empresa o un proveedor con el objetivo de presionarlo o neutralizarlo. En un sistema sin efectivo, estas medidas tendrían un impacto absoluto, pues no existiría ninguna vía alterna para operar mientras se resuelve la disputa.

La experiencia documentada en el caso que dio origen a la Ley Magnitsky muestra cómo el Estado ruso utilizó información fiscal y mecanismos judiciales para expropiar empresas completas. Sergei Magnitsky expuso un esquema en el que funcionarios públicos tomaron control de compañías privadas mediante reclamaciones tributarias fabricadas, congelamiento de bienes y ventas forzadas de activos, un método que también se observó en casos como el de Yukos, donde las autoridades aplicaron deudas fiscales imposibles para luego transferir sus propiedades a entidades cercanas al poder. Este patrón revela que, cuando un gobierno tiene acceso total a los registros financieros y a la estructura patrimonial de una empresa, puede usar esa información para despojarla de sus bienes y neutralizar a sus dueños. La Ley Magnitsky surgió precisamente porque se denunció que estas expropiaciones no solo beneficiaban a grupos cercanos al poder político, sino que formaban parte de redes donde el control económico y el acceso a los datos empresariales se utilizaban para obtener influencia, financiar estructuras políticas y enriquecer a quienes detentaban autoridad estatal.

La presión para eliminar el efectivo proviene también de intereses empresariales que ven beneficios operativos en un sistema totalmente digital. Para la banca, reduce costos. Para grandes plataformas tecnológicas, aumenta la dependencia hacia sus servicios. Para compañías de análisis de datos, genera información de alto valor comercial. Para gobiernos, ofrece trazabilidad total. Pero para un empresario, la eliminación del efectivo elimina una capa esencial de resiliencia. El efectivo es el único mecanismo de pago que no depende de servidores, de decisiones políticas, de energía eléctrica o de intermediarios financieros. Es la única herramienta que garantiza continuidad operativa en escenarios de crisis.

La digitalización total no es neutral. Cambia las relaciones de poder. Quien controla el acceso al dinero controla el ritmo de tu empresa, tu capacidad de responder a emergencias y tu nivel de autonomía frente a crisis políticas, tecnológicas o criminales. Sin efectivo, el patrimonio deja de ser algo que posees y se convierte en algo que se te permite usar bajo condiciones impuestas por actores externos.

Un empresario que pierda acceso digital a su dinero, aunque sea por horas, no solo enfrenta una molestia administrativa. Enfrenta una amenaza contra su capacidad de pagar salarios, proteger sus activos, mantener operaciones críticas y defenderse de presiones injustificadas. La eliminación del efectivo no es una innovación inocua. Es un cambio que, si se implementa sin contrapesos, puede exponer al sector productivo a un nivel de vulnerabilidad que ningún país debería permitir.

a concentración total de información fiscal y financiera no solo representa un riesgo cuando es utilizada por gobiernos autoritarios o redes corruptas en el extranjero. También se convierte en una amenaza interna cuando el crimen organizado logra influir o infiltrarse en estructuras del poder estatal. En Costa Rica, distintas investigaciones y reportes públicos han señalado que grupos vinculados al narcotráfico han intentado incidir en procesos políticos, financiar campañas o establecer relaciones con actores dentro del aparato público. En un país donde existen señales claras de ese riesgo, entregar a un sistema totalmente digital el control absoluto de los datos patrimoniales de ciudadanos y empresas puede abrir la puerta para que actores con intereses ilícitos dentro del Estado utilicen esa información como instrumento de presión, persecución o beneficio propio.

Cuando los mismos organismos encargados de administrar la información fiscal y financiera pueden ser vulnerados, manipulados o influenciados por redes de poder paralelas, el peligro no es solo económico. Se convierte en un riesgo para la estabilidad democrática. Un Estado donde ciertos grupos obtienen acceso privilegiado a los datos patrimoniales de empresarios, periodistas, opositores o ciudadanos críticos es un Estado donde la libertad comienza a depender de la lealtad, no de la ley.

Por eso, ante la posibilidad real de que el crimen organizado busque espacios dentro de instituciones públicas, especialmente en áreas sensibles del Ejecutivo, la ciudadanía tiene la obligación de observar con mayor rigor las decisiones de los funcionarios, exigir transparencia absoluta y evitar que el país entregue a una sola estructura —política, tecnológica o financiera— el control total del dinero y de la información que sostiene nuestra economía. La defensa de la democracia no comienza en las urnas: comienza en la vigilancia permanente de quienes administran el poder y los datos de todos.