Así de contundente es la realidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el cual que quedó retratado en el foro SINAC en Crisis: Desafíos y transformaciones; organizado por el despacho de la diputada Kattia Cambronero Aguiluz y el Centro Científico Tropical (CCT).
Según datos del propio SINAC el país cuenta con 152 áreas protegidas que representan el 25,46% del territorio terrestre y el 30.3% del espacio marino. No obstante, éstas son gestionadas directamente por solo 517 personas. Es decir, cada funcionario debe velar por 347 km2 aproximadamente.
En un análisis realizado por Laura Pacheco, directora del CCT, con informes recientes del SINAC, entre el 2020 y el año 2021, mientras que la superficie protegida aumentó en un 524%, el presupuesto institucional disminuyó en un 37%, las horas destinadas a control y protección disminuyeron en un 70,2%. Además, entre el 2020 y el 2023, la planilla disminuyó en un 6% y el presupuesto institucional continúa disminuyendo, presentando al 2024 una reducción del 42% con respecto al 2020.
A este escenario debe sumarse la presión por la visitación turística, que al 2023 alcanzó 465 mil visitantes adicionales a las áreas silvestres protegidas mientras que al mismo tiempo disminuía el presupuesto y el personal del SINAC. Asimismo, la injerencia del narcotráfico en Áreas de Conservación ha venido en aumento. Una problemática recientemente retratada por el prestigioso periódico internacional The New York Times que deja en evidencia cómo el narco aprovecha el vacío generado por la falta de personal y el pobre monitoreo en la gestión de parques nacionales y reservas biológicas.
En la actualidad, en el SINAC persisten deficiencias ya señaladas desde el 2014 por la Contraloría General de la República (CGR). Por ejemplo, una tercera parte de las ASP todavía carecen de planes de manejo, que son los instrumentos de planificación que orientan su gestión para cumplir con sus objetivos de conservación, esto pese a que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente le exige al MINAE este tipo de instrumentos.
Para la directora del CCT, Laura Pacheco, “Retomar los vínculos entre el sector público, académico, ONGs y demás aliados es un llamado urgente ante el riesgo de incumplir con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de sus áreas silvestres. Repensar el SINAC, su modelo de financiamiento y de gestión, así como su gobernanza y marco legal, es la tarea que nos corresponde en aras de contar con la institucionalidad que necesita nuestro espacio terrestre y marino protegido”.
Se está trabajando en ello. El foro contó con la participación de Jorge Mario Rodríguez, recién nombrado como Viceministro de Ambiente; después de 14 meses desde que la administración Chaves, mantuvo esa cartera sin jerarca en el MINAE. Según indicó el viceministro, el MINAE está trabajando por fortalecer el monitoreo de la gestión de las Áreas de Conservación, mediante un plan que contempla 19 indicadores. También indicó que el MINAE se encuentra en un proceso de diagnóstico que contempla gestiones por mejorar indicadas por los directores de las áreas de conservación.
Sin embargo, el viceministro reconoció la grave situación del SINAC. “Uno es crítico y no podemos tapar el sol con un dedo. Hay necesidad en la dotación de recurso humano para el SINAC. No solamente es una cantidad de recursos limitados sino también hay una mayor responsabilidad al existir una mayor cantidad de área protegida. Los compañeros en las áreas de conservación nos dicen, de forma muy coloquial, tenemos el rancho ardiendo y no tenemos la respuesta dentro del Sistema para atender esa particularidad.”
En el foro el viceministro detalló que se está trabajando por atraer recursos de las finanzas climáticas que beneficiaria sustancialmente al SINAC. Agregó que entre $4 y $5 millones se están ejecutando actualmente provenientes del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas. Además del compromiso del Banco Mundial por aportar $25 millones hasta el 2026 como pago por reducción de emisiones de dióxido de carbono.
Las comunidades como actores claves. Ante la incapacidad institucional por gestionar adecuadamente las áreas silvestres protegidas, es necesario generar alianzas con actores claves y con las comunidades circundantes. Para Carlos Hernández, director del Sistema de Reservas Privadas del CCT, “En Costa Rica nos dimos cuenta de que, con solo las áreas protegidas, no íbamos a alcanzar las metas de conservación. De ahí la necesidad de que afuera de esas áreas hubiera también gestión de la conservación. Por ejemplo, los corredores biológicos surgieron como formas de gestión con la gente para la protección de los recursos naturales. Esto no lo puede hacer solo el SINAC, por eso es importante la atracción de alianzas público-privadas para su articulación.” Hernández, detalló que del 25% (en promedio) del área terrestre protegida con alguna categoría de manejo, solo son gestionadas por el Estado los parques nacionales y reservas biológicas. Las zonas protectoras, los refugios de vida silvestres privados, las reservas forestales; la gran mayoría son de carácter privado. Así mismo como el resto del territorio nacional con cobertura boscosa. Por tanto, la negociación y el trabajo en conjunto con sus propietarios se vuelve fundamental.
Para Miguel Madrigal, presidente de la Asociación de Guardaparques Pensionados, “Cuando concebimos todos estos procesos dentro del SINAC pensamos en darle mayor participación a la gente; de ahí la complejidad de la actual Ley de Biodiversidad para la participación ciudadana. El problema empieza cuando las decisiones técnicas, comienzan a tomarse con una injerencia de agendas personales en esos cuerpos que la legislación creó. Y ahí es donde se nos hizo un arroz con mango.” A esto agregó “Lo que nos hace falta por definir en un nuevo modelo de gestión es adónde se toman las decisiones técnicas y adónde se toman las decisiones políticas; con algo tan delicado como la gestión de la biodiversidad.”
Reconocer el valor de las ASP. Si no hay biodiversidad, no hay economía ni bienestar social. Bajo este precepto es que debería gestionarse todo el sistema de áreas de protección que gestiona el SINAC. Esta es la visión de Allan Valverde, decano de la facultad de ambiente y desarrollo de la Universidad para la Cooperación Internacional.
Para Costa Rica las áreas protegidas no deben ser un gasto, sino una inversión. Y es que, pese a que actualmente la mitad del presupuesto que maneja el sistema proviene de la misma área protegida, el SINAC no está siendo lo suficientemente eficiente. La cooperación internacional es una opción como fuente de ingresos, sin embargo, todos los demás países están detrás de estos mismos fondos. “Hay que darle la vuelta al asunto y valorar el verdadero aporte que realizan las áreas protegidas para el país en temas como la protección de desastres naturales, la atracción turística, la polinización o la generación de encadenamientos productivos a su alrededor.”
Para el especialista es necesario buscar un método innovador de financiamiento ya que, si se obliga al SINAC a ser sostenible de la manera clásica, muy posiblemente, se vaya a generar un grave problema social. Esto porque la mayor parte de las áreas protegidas se encuentran alrededor de cantones vulnerables que se ven beneficiados por los negocios asociados a ellas.
En el SINAC sí existe una crisis. “Aquí no estamos perdiendo solo las áreas protegidas, sino toda la biodiversidad del país. Por lo tanto, estamos restando calidad de vida a todos los habitantes.” Con estas palabras la diputada Kattia Cambronero, enfatizó todo lo pendiente por hacer dentro esta institución.
“El Estado de Costa Rica carece de recursos suficientes para invertir en las áreas de conservación. Además de la protección y el potencial turístico, debemos considerar el impacto de la investigación y su retribución en la economía nacional. Asimismo, los programas por Pagos de Servicios Ambientales (PSA), así como la determinación del potencial de captura de carbono de nuestros bosques y mares, podrían convertirse en novedosas alternativas de financiamiento. “
La diputada reiteró su compromiso en trabajar a favor de la simplificación tramitológica que ahoga al SINAC, en la valorización del activo natural del país; para determinar su potencial económico y en el repensar de un nuevo modelo de gestión ambiental que permita aprovechar mejor sus ganancias. En especial en el ámbito de las áreas marinas-costeras. Así como el replanteamiento de una gobernanza institucional que limite la intervención política en el SINAC, buscando la unificación de criterios técnicos y permitiendo una toma de decisiones más rápida y asertiva.
Comunicado despacho de la diputada Kattia Cambronero
