El presupuesto 2026 del Poder Ejecutivo y su posible impacto en el Poder Judicial
La discusión del Presupuesto Nacional para 2026, presentado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, ha generado cuestionamientos sobre los recursos asignados al Poder Judicial y su capacidad para atender la demanda de servicios de justicia.
En el proceso de análisis presupuestario —que corresponde revisar y aprobar a la Asamblea Legislativa— se han planteado escenarios que advierten una reducción significativa de recursos para el Poder Judicial. Entre las cifras que se discuten figura la posibilidad de que alrededor de 1.045 plazas queden sin financiamiento, así como una disminución del gasto en remuneraciones que superaría los 30 millones de dólares.
Estos números forman parte del debate y no constituyen una decisión definitiva. Sin embargo, su sola consideración permite dimensionar el efecto que un ajuste de esa magnitud tendría sobre el funcionamiento del sistema judicial. Menos personal jurisdiccional y administrativo implicaría una mayor carga de trabajo, procesos más lentos y mayores dificultades para responder a la demanda ciudadana. ¿Es un sabotaje a la administración de justicia para beneficiar al crimen organizado?.
Otro punto relevante del debate es la discusión sobre los mecanismos de protección presupuestaria del Poder Judicial. La eventual modificación de estas garantías abre interrogantes sobre la estabilidad financiera de la institución y sobre el equilibrio entre los poderes del Estado. No se trata de anticipar conclusiones, sino de examinar los riesgos que surgen cuando el financiamiento de la justicia queda sujeto a recortes significativos.
La discusión presupuestaria no es únicamente técnica. Las decisiones que adopte el Estado en esta materia tendrán efectos directos sobre el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. Por ello, el análisis del presupuesto 2026 exige claridad, información verificable y una deliberación pública que permita evaluar las consecuencias de los distintos escenarios antes de su aprobación.
