La corrupción institucionalizada y el conflicto de intereses entre empresarios y políticos han dado lugar a prácticas que perjudican a la sociedad, como la evasión y elusión fiscal, y la erosión de derechos laborales, ejemplificada por horarios laborales 4×3 que fomentan la desunión familiar y la violencia intrafamiliar.
El silencio de instituciones que deberían actuar como contrapesos ante el crimen organizado es alarmante. La academia, las universidades y diversas organizaciones han guardado silencio ante las injusticias que ocurren en el país, permitiendo que estos problemas persistan sin el debido escrutinio.
La disidencia controlada y los políticos corruptos inducen a la población a una falsa sensación de seguridad, haciendo creer que la información en las redes sociales es suficiente, a pesar de la censura y la manipulación. Esta situación menosprecia la inteligencia de la ciudadanía.
Aunque muchos ciudadanos se concentran en un solo tema social, es crucial recordar que hay múltiples asuntos que deben preocuparnos. La suma de estos problemas puede amenazar nuestra soberanía, libertades, garantías sociales y derechos humanos universales.
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En un entorno donde las noticias falsas y las identidades ocultas proliferan a causa de la corrupción y el crimen organizado, es fundamental que el pueblo tenga acceso a fuentes de información fiables fuera de las redes sociales. Es necesario validar las fuentes de quienes exponen su opinión de manera responsable.
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