Tribunales de ética no alcanzarían para llevar a juicio a todos los funcionarios que durante el tiempo han permitido el conflicto de intereses entre la empresa privada y la administración pública, han bajado tanto los filtros como los calzones de una democracia de la cual muchos abusan a vista y paciencia de todos los costarricenses.
Esta ausencia de ética ya se extiende a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la misma OMS.
Definamos conflicto de intereses:
Un conflicto de intereses es una situación en la que una persona o entidad tiene intereses opuestos o en conflicto, por ejemplo, con otra organización, que podrían influir o comprometer su capacidad para tomar decisiones imparciales y objetivas en un contexto específico. Estos intereses pueden estar relacionados con asuntos financieros, personales, profesionales o de otra índole.
Como caso ilustrativo, podría darse en el ámbito empresarial cuando un empleado o directivo tiene intereses personales o financieros que podrían afectar su capacidad para tomar decisiones en beneficio de la empresa y sus accionistas. También puede ocurrir en situaciones en donde un individuo tiene responsabilidades duales que pueden entrar en conflicto, como ser miembro de dos organizaciones con objetivos o fines diferentes.
La gestión adecuada de conflictos de intereses es crucial para asegurar la integridad y la transparencia en diversos contextos, incluyendo el mundo empresarial, el sector público, el ámbito legal y otras áreas profesionales. Esto a menudo involucra la implementación de políticas y procedimientos diseñados para identificar, divulgar y manejar estos conflictos de manera ética y responsable, de modo que se minimice el riesgo de influencias indebidas o decisiones perjudiciales.
¿Cómo afecta en Costa Rica?
Universidades Públicas, Ministerios de Gobierno e instituciones públicas se ven amarradas en acuerdos económicos con empresas, cuyos acuerdos podrían generar o beneficiar a unas marcas sobre otras, o generar mercados exclusivos.
Por ejemplo, las universidades podrían beneficiarse significativamente al asociarse con marcas o empresas, ya sea a través de patrocinios, donaciones, acuerdos de colaboración o programas conjuntos. Estos beneficios pueden incluir:
- Financiamiento y recursos: Las marcas pueden proporcionar fondos significativos a las universidades a través de patrocinios, donaciones u otros acuerdos financieros. Esto puede utilizarse para financiar proyectos de investigación, becas, programas académicos, infraestructura y otros gastos.
- Oportunidades de empleo y prácticas: Las empresas a menudo ofrecen oportunidades de empleo, pasantías y programas de formación a estudiantes y graduados de universidades asociadas. Esto puede brindar a los estudiantes una ventaja competitiva en el mercado laboral y ayudarles a adquirir experiencia relevante.
- Investigación colaborativa: La colaboración con marcas puede facilitar la investigación interdisciplinaria y aplicada. Las empresas pueden proporcionar acceso a datos, tecnología y recursos que no estarían disponibles de otra manera, lo que puede beneficiar significativamente la calidad y relevancia de la investigación universitaria.
- Desarrollo de currículo y programas de estudio: Las empresas pueden proporcionar información sobre las habilidades y conocimientos que valoran en los empleados. Esto puede ayudar a las universidades a adaptar sus programas de estudio para que estén alineados con las necesidades del mercado laboral en esas empresas.
- Visibilidad y prestigio: Asociarse con marcas reconocidas puede aumentar la visibilidad y la reputación de una universidad. Esto puede atraer a estudiantes talentosos y profesores destacados, así como aumentar el prestigio de los títulos otorgados por la institución.
- Desarrollo de infraestructura: En algunos casos, las marcas pueden financiar la construcción de instalaciones o la actualización de la infraestructura de una universidad, lo que puede mejorar significativamente la calidad del entorno de aprendizaje.
- Acceso a redes y contactos: Las empresas a menudo tienen extensas redes y contactos en diversos sectores. Esto puede proporcionar a los estudiantes oportunidades de establecer conexiones profesionales y acceder a eventos y conferencias relevantes.
- Innovación y tecnología: Las empresas líderes en su campo pueden ofrecer acceso a tecnología de vanguardia y recursos innovadores. Esto puede ser especialmente relevante en disciplinas que están en constante evolución, como la tecnología de la información, la ingeniería o la biotecnología.
Es importante destacar que, aunque existen beneficios potenciales, es crucial que las asociaciones entre universidades y marcas se manejen con transparencia y ética para garantizar que los intereses académicos y de investigación no se vean comprometidos. También es esencial que las universidades mantengan su autonomía académica y su compromiso con la objetividad y la imparcialidad en la investigación y la educación.
¿Pero cómo podemos comprobar que una actuación es ética?
Los gobiernos pueden beneficiarse de la colaboración con marcas o empresas en diversas formas. Estos beneficios pueden incluir:
- Inversión y desarrollo económico: Las marcas pueden invertir en proyectos y programas que impulsen el desarrollo económico de un país o región. Esto puede incluir la creación de empleos, el desarrollo de infraestructura y la promoción de sectores específicos, como la tecnología, la manufactura o el turismo.
- Promoción del turismo: Las marcas reconocidas pueden asociarse con gobiernos para promocionar destinos turísticos y atraer visitantes. Esto puede incluir a campañas de marketing conjuntas, promoción de eventos y patrocinios de actividades turísticas.
- Colaboración en proyectos de infraestructura: Las empresas pueden colaborar con el gobierno en la construcción y modernización de infraestructura crítica, como carreteras, puentes, aeropuertos, energía y telecomunicaciones. Esto puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y estimular el crecimiento económico.
- Fomento de la innovación y la tecnología: La colaboración entre gobiernos y marcas puede impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico. Esto puede llevar a avances en áreas como la ciencia, la salud, la energía y la tecnología de la información.
- Desarrollo de educación y formación: Las empresas pueden asociarse con gobiernos para apoyar la educación y la formación de la fuerza laboral. Esto puede incluir la creación de programas de capacitación, becas y la provisión de recursos educativos.
- Generación de experiencias y recursos: Las empresas pueden aportar experiencia, conocimientos técnicos y recursos que pueden ser valiosos para abordar desafíos específicos que enfrenta el gobierno, como la gestión de las crisis, la planificación urbana o la respuesta a desastres naturales.
- Promoción de la Marca País: Asociarse con marcas conocidas puede elevar el perfil internacional de un país y mejorar su imagen en el escenario global. Esto puede atraer inversiones extranjeras, turistas y oportunidades comerciales.
- Generación de Ingresos y Recaudación de Impuestos: La inversión de marcas en una región puede generar ingresos directos para el gobierno a través de impuestos y tasas. Esto puede contribuir al presupuesto del gobierno y financiar servicios públicos esenciales.
¿Entonces por qué es se encienden las alertas?
Porque dependemos de los principios éticos de los funcionarios que hoy día dejan mucho en qué pensar. Si toda la gente fuera buena, sería mas fácil, pero sabemos que la diversidad de pensamiento requiere también aumentar los filtros para evitar la corrupción.
Por eso es importante que los acuerdos entre gobiernos y marcas se realicen con transparencia y en el mejor interés de los ciudadanos.
¿Cómo lo garantizamos?
También es fundamental que se establezcan mecanismos para garantizar que las actividades de las marcas no comprometan los intereses públicos, los derechos de los ciudadanos o los estándares éticos.
Aquí nos hacemos la misma pregunta:
¿Cómo podemos comprobar una actuación ética?
Entonces, podría suceder que, si los acuerdos entre la empresa privada, que normalmente se ve financiando campañas políticas, y se ven vinculados a la evasión y elusión fiscal, podrían estar pactados por montos inferiores a lo que corresponde, eso generaría una peor distribución de los recursos económicos para no beneficio de todos los habitantes. Por lo que la transparencia en esos acuerdos permitiría que se puedan examinar para medir justamente el beneficio o no del mismo.
Esos mismos empresarios, muchas veces, ponen en conflicto de intereses a diputados que impulsan y aprueban leyes, reglamentos y normativas, que muchas veces parecen que le dan un valor constitucional, o supremo, sin que exista en realidad una reacción de los contrapesos democráticos proporcional y adecuada al caso concreto.
¿Los empresarios y comerciantes se ven afectados?
Esto se puede convertir en una herramienta de autosabotaje para los empresarios, puesto que ahora a las megas empresas, y a las narco-empresas que se les pusieron ya a la par, pueden desarrollar prácticas de monopolio de mercado que se perfeccionan con el tiempo, eliminando la dinámica de la microeconomía, sacando de circulación los recursos y llevados al extranjero, provocando inflación y desempleo, lo que genera una reducción del costo de la mano de obra para las mega empresas, generando que el dinero circulante en el mercado se reduzca semana a semana, afectando al comercio y posteriormente la producción de consumo local.
Esta afectación económica traerá como consecuencia un aumento de violencia en el país, inseguridad, penetración del narco en los barrios, ajusticiamientos, precarización de las familias, incapacidad de estudio, prostitución física y digital, entre otros.
Es evidente que hoy día, el conflicto de intereses de empresas que financian universidades, se han convertido en nidos de cambios culturales, impulsando ideologías sobre otros intereses culturales, por ejemplo, es evidente que cierta línea de la comunidad LGTB+ y la promoción del aborto tienen una gran inversión, por encima de lo que recibe la ley 7600 para promover mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes, desde la perspectiva de una persona no vidente o la promoción del lenguaje inclusivo como puede ser el de señas.
He visto incluso a periodistas de universidades funcionar como Fack-Check con temas como las vacunas contra el covid-19, llegando a señalar y a etiquetar a científicos que realizan cuestionamientos como generadores de información falsa, todo sin una prueba en mano, simplemente para desacreditarlos.
Estos conflictos de intereses y autosabotaje han llevado a poner en manos de extranjeros nuestros servicios públicos.
¿Se podría insinuar que los costarricenses no tenemos las capacidades para administrar nuestros recursos?
Hoy vemos cómo se encuentran en manos de extranjeros los puertos, aeropuertos, carreteras y hasta la revisión vehicular.
¿Hay un conflicto de intereses aquí? ¿Hay plata fugada para paraísos fiscales? ¿Hay investigaciones al respecto?
Lo cierto es que, hoy día, se han aprobado leyes que los costarricenses debemos cuestionar, y debemos cuestionar además a los demás poderes de la República del porqué no reaccionaron, puesto que hoy en día la soberanía parece estar en un conflicto de intereses con grandes empresas, las cuales interfieren en asuntos internos mediante por ejemplo el financiamiento, el cual podemos cuestionar que no siempre es ético y trasparente.
Sin embargo, el proceso sigue, los empresarios y comerciantes siguen sin organizarse, aun cuando son mayoría, sus negocios siguen muriendo poco a poco, su incapacidad de incluso financiar medios de comunicación y la lucha social, genera que se produzca una lucha de perro amarrado contra tigre suelto.
En Costa Rica, la ausencia del debate se ha convertido en una muestra de la existencia de la corrupción. Los funcionarios públicos no quieren dar entrevistas a los medios que los cuestionan, muchas veces las respuestas son escuetas y aun llevando el caso a un Recurso de Amparo, queda un sabor de boca por la evasión al responder. Eso debería de encender una alerta que la misma Sala debería activar con el Ministerio Público, pero al parecer el saco está siendo modificado y diseñado para beneficiar a grupos pequeños con poder económico, aunque esto afecte a grupos grandes limitados de recursos.
¿No es esto clasismo?
Lo cierto es que, sin la participación ciudadana, iniciando por el no involucramiento de empresarios y comerciantes en estos temas, en cuestión de poco tiempo podrían terminar siendo empleados de grandes empresas, su propiedad privada estando en peligro, sus datos bancarios terminar en manos del crimen organizado y su propia familia víctimas del hampa y la extoesión.
Sé que este comentario puede herir susceptibilidades, y que algunos se esconderán infantilmente en el “NO CREO QUE ESO PASE”, sin embargo, las consecuencias de no involucrarse siguen siendo como la ola del mar, pues lo crean o no, los va a revolcar igual, y no todos podrán sacar la cabeza del agua nuevamente.
Para entonces, ya será tarde.
Opinión de Gerardo Ledezma
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