El chiste que alertó a la DIS de un posible golpe de estado ¿ES UNA BROMA?

En una reunión de la Rescate Nacional, con participación de distintos sectores de la organización social, ocurrió un episodio que hoy plantea una discusión seria sobre proporcionalidad institucional, uso de inteligencia estatal y límites democráticos.

Según el vídeo completo del cual GerardoLedezma.com tiene copia, durante el encuentro se presentó una propuesta formal y seria: someter a votación que Celimo Guido Cruz, representante de Rescate Nacional, fuera designado como vocero. Ese planteamiento se dio como parte de la dinámica organizativa de la reunión y no como un gesto teatral ni improvisado.

Después de ese momento, vino lo que cambiaría el rumbo del caso: una intervención posterior, en tono de broma, donde un participante, entre risas, hizo una referencia irónica al contexto venezolano y lanzó la frase de que “debía ser un dictador”. El video muestra que ese comentario no se convirtió en agenda, no produjo acuerdos, no detonó acciones, y no fue asumido por el grupo como una decisión. Fue un tramo breve, aislado y claramente humorístico.

Pese a ello, la Dirección de Inteligencia y Seguridad presentó una denuncia ante el Ministerio Público, utilizando como base el contenido de esa reunión. La consecuencia práctica de ese paso no es menor: trasladar una conversación política —incluyendo un fragmento burlón— al terreno penal, con el peso simbólico y real que implica que un órgano de inteligencia active la vía del Ministerio Público.

Quienes participaron sostienen además que ya existía sospecha sobre la presencia de un infiltrado del gobierno y que ese comentario, que el grupo no adoptó ni desarrolló, estaría siendo usado como pretexto para construir un relato de amenaza a la seguridad nacional. En el mismo encuentro se menciona que reunieron alrededor de ₡120.000, un dato que, sin ser una prueba jurídica, sí evidencia una desproporción evidente entre la narrativa de “amenaza operativa” y la realidad material que se observa en el propio espacio.

La reunión, según se discute en el vídeo, tenía un objetivo político y social explícito: organizarse, articular una agenda país para hacerse visible mediante una marcha que terminaría con una vigilia en la plaza de la democracia. Celimo Guido señala la ausencia de articulación efectiva desde diputaciones y estructuras sindicales tradicionales, y plantea la necesidad de organización social ante ese vacío.

En el encuentro también se repasaron acciones vinculadas a Rescate Nacional, señalando confrontaciones contra iniciativas relacionadas con la venta de instituciones públicas, endeudamientos promovidos en el periodo de pandemia, la privatización del recurso hídrico, impuestos a viviendas de lujo y medidas que afectarían el uso de semillas criollas. Se menciona, además, que hubo personas afectadas e incluso agredidas en contextos de movilización social. La discusión se proyecta como una lectura de país: se cuestiona que parte del funcionariado público no defienda instituciones que sostienen su propio trabajo —incluida la Caja y sectores del agro— y se afirma que esa ausencia de defensa solo beneficia la corrupción.

En otro tramo, se realizó un minuto de silencio por víctimas de sicariato durante la actual administración y se analizó el abordaje gubernamental sobre vivienda, violencia y el debilitamiento de políticas preventivas, incluyendo el sistema de becas Avancemos. También se mencionó que sectores asociados al radicalismo político del PAC hoy respaldarían al gobierno, y un periodista de Radio Zurquí advirtió sobre posibles escenarios de persecución, sugiriendo que parte de la dirigencia social podría enfrentar consecuencias por su actividad. Hacia el final, se habló de la visita del presidente de El Salvador en un contexto electoral, del “aleteo” y del lavado de dinero, y se insistió en que el silencio de contrapesos sociales debilita la soberanía, por lo que se propone priorizar a sindicatos que sí están levantando la voz.

Es en este punto —y no antes— donde el caso choca con un texto constitucional que, precisamente, existe para evitar que el poder confunda crítica con delito. La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 26 que “Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas… para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios”. Esa frase no es decorativa: reconoce expresamente que reunirse para analizar la conducta de funcionarios públicos es un ejercicio constitucionalmente protegido, siempre que sea pacífico y sin armas.

Además, el artículo 28 indica que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley, y delimita el alcance de la acción estatal frente a conductas privadas que no dañen el orden público ni perjudiquen a terceros.

Por eso, el núcleo del debate no es si el chiste fue de buen gusto, ni si fue torpe o desafortunado. El núcleo del debate es si un órgano de inteligencia puede tomar un fragmento humorístico dentro de una reunión política y empujarlo hacia el Ministerio Público, produciendo un efecto de intimidación sobre un derecho que la propia Constitución protege de forma explícita: reunirse para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.

Cuando ese desplazamiento ocurre —de la deliberación política al expediente penal— el daño no se limita a las personas denunciadas: se envía un mensaje preventivo a cualquiera que piense en organizarse. Y esa es, precisamente, la línea donde la democracia se vuelve frágil: cuando el Estado, en vez de tolerar la crítica y la fiscalización ciudadana, la encuadra como amenaza.