La historia se vuelve a repetir, ante la vista del pueblo y las distintas autoridades del país, hablamos de actos de corrupción que se asemeja al caso Odebrecht, donde distintos gobiernos se arrodillaron ante una empresa privada, en ese caso a una constructora para obtener contratos amañados que beneficiaban a la constructora, donde los contrapesos de esos gobiernos fueron desactivados para saquear las riquezas económicas de esos países, y pagando comisiones en paraísos fiscales.
En este caso, la sustancia de la empresa Pfizer fue obligada por la corte de los Estados Unidos a sacar información, donde se exponen mas de 1200 efectos adversos, y que las autoridades de Salud, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, ya conocen, pero, nunca han existido campañas de información a la población, tampoco un consentimiento informado.
Contrario a toda lógica, por ser una sustancia experimental, así como lo reconoció la misma Ministra de Salud, no saben cuales son los efectos a largo plazo, porque la sustancia aun no cumple las etapas necesarias.
Otro factor muy importante, es que al conocer que la sustancia es abortiva, tal como nuestro medio entregó documentos en Conferencia de Prensa, al Presidente de la República, y posteriormente solicitó un debate técnico científico con la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el mandatario evitó responder e indicó que ya existía suficiente debate.
Semana después, se da a conocimiento público un ademdum del contrato con la Pfizer, el cual sigue siendo desconocido por la población, sin embargo ¿es legal este contrato?
Todo acuerdo internacional del Gobierno debe ser de conocimiento de la Asamblea Legislativa, además de ser consultado en la Sala Constitucional, lo que podría dejar sin efecto todo acuerdo internacional entre Costa Rica y Pfizer, ya que no se cumpliría con estos requisitos, además, que de ser este acto firmado por el ex-presidente Carlos Alvarado, y firmando un documento que compromete la soberanía, este se convertiría en un Traidor de la Patria, siendo que así lo establece nuestra Constitución Política.
De ser esto cierto, podríamos decir que Costa Rica viene desde el Gobierno Alvarado en una ruptura del Orden Constitucional.
Al mismo tiempo, se estaría encubriendo las muertes provocadas por las sustancias, donde delitos de lesa humanidad se estarían presentando en los distintos países que se encuentran en este momento en un saqueo de las riquezas de los costarricenses, aumentando la deuda del país.
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