El diputado Gilberto Campos Cruz, del Partido Liberal Progresista, lamentó las afirmaciones del ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, y del ministro de Justicia, Gerald Campos, quienes achacaron a la Asamblea Legislativa parte de la responsabilidad por la ola de criminalidad que impacta a la ciudadanía, al no asignarles más recursos a sus ministerios.
Para el congresista, las peripecias económicas que vive el sector seguridad tienen su origen en decisiones de política pública que ha tomado el propio Poder Ejecutivo, sin que los diputados tengan responsabilidad alguna en los recortes presupuestarios.
Campos indicó que hay dos ejemplos claros de que Seguridad Pública carece de recursos por la ausencia de políticas públicas que le den prioridad a esta área. Se trata de los giros de la recaudación del Impuesto sobre las Sociedades. En el 2021, Seguridad apenas recibió un 33% del monto que correspondía a Seguridad; asimismo, citó que, por decisión del Ministerio de Hacienda, la inversión pública en seguridad pasó de representar un 0,9% del producto interno bruto (PIB) en el 2021, a un 0,6% del PIB en el 2023, para una pérdida de 0,3 puntos porcentuales en el presupuesto de Seguridad Pública en este periodo.
De igual forma, el diputado señaló que para el presupuesto en ejecución, fue el propio Ministerio de Hacienda el que recortó más de 1.000 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública.
El representante de la provincia de Heredia agregó que, de la mano con esa reducción en los recursos para la seguridad pública, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto de ley que sirva de herramienta para frenar la delincuencia que afecta todos los días a los ciudadanos, debido al aumento en las cifras de homicidios dolosos, robos, hurtos, entre otros delitos, durante el 2022, año en que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó al récord de un 12,6%.
“Esta Asamblea Legislativa ha sido diligente en asumir el tema de seguridad como un elemento fundamental de la gestión. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha estado en comunicación constante con los Poderes de la República. Este diputado ha intentado durante semanas hacer una reunión entre los ministros de Hacienda y de Seguridad para buscar la manera de devolverle 4.000 plazas al Ministerio de Seguridad Pública y no ha sido posible por la agenda de los señores ministros.
Oigan ustedes, algo que es tan importante y tan sensible que es devolverle al país la posibilidad de luchar contra la criminalidad y la delincuencia poniendo más efectivos policiales en la calle, resulta ser que no se ha podido por la agenda de los señores ministros”, reclamó Campos, quien es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
“No se trata de esa Asamblea Legislativa tenga en su poder la operación policial. No, eso le corresponde al Poder Ejecutivo, al ministro de Seguridad, al Ministerio de Justicia. No es a nosotros a los que nos tienen que volver a ver para darle una orden a un policía, no señores, eso le toca al Poder Ejecutivo”, subrayó Campos.
El legislador cerró su intervención en el espacio de control político de la sesión ordinaria del plenario de este miércoles recalcando que no se encuentra el plan para atacar la ola de criminalidad que afecta al país.
“¿Dónde está la política pública en materia de seguridad de este país? ¿Dónde está el planteamiento para hacerle frente a todos estos problemas que sufre la ciudadanía? Limón es la provincia más afectada por los asesinatos, el crimen organizado pulula en todo el país y no vemos a los efectivos policiales en la calle.
No vemos una acción decidida de parte del Ministerio de Seguridad con lo poco que tiene (…) Es necesario que incrementemos la acción en materia de seguridad de este país”, estimó el diputado.
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