Nota Original de El Conservador CR. Desde el año 2020 con la declaratoria de emergencia por el COVID-19, se gestaron en Costa Rica una serie de atropellos contra la ciudadanía, bajo el pretexto «es por tu salud«. Los costarricenses han sido despojados de sus derechos y libertades más básicas, a la vez que han sido manipulados, coaccionados, perseguidos y forzados a actuar en contra de su propia voluntad. Shirley Díaz diputada de la República es la más reciente perseguida política, toda vez que se le ha abierto una causa por el delito de «motín» por asistir a una manifestación en el Hospital San Vicente de Paul, el pasado mes de enero junto a un grupo de ciudadanos para levantar la voz en favor de Mateo, un niño de seis años que convaleciente de un cuadro asmático, estaba siendo retenido de manera ilegal en el hospital mencionado, contra la voluntad de sus padres, por no aceptar la inoculación del COVID-19 en su hijo.
GOBIERNO AUTÓCRATA DESATA PERSECUCIÓN POLÍTICA BRUTAL CONTRA CIUDADANOS DEFENSORES DE LA LIBERTAD
Es destacable que, si bien es cierto, la Diputada Díaz convocó a un grupo de padres a reunirse contra las arbitrariedades del hospital y en solidaridad con esta familia, cuando algunos ciudadanos entran al centro médico para solicitar a la Directora del Hospital que se le realizaran los exámenes médicos a Mateo para que se diera la evaluación de si era conveniente que fuera inoculado o no, también fue solicitado que la Trabajadora Social permitiera que el padre del menor fuera representado por su abogada en la reunión que iban a tener con esta –dado que ahora se decía que el niño era objeto de abuso familiar–, para ese momento la diputada Shirley ya no se encontraba en las inmediaciones del hospital.
Hemos visto como el gobierno autócrata y el más corrupto de la historia nacional con la complicidad del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial, han abusado de los ciudadanos de bien que buscan que se les permita trabajar en paz para sostener a sus familias –en tiempos en que las políticas de gobierno nos ha llevado como país a una de las peores crisis económicas– y que se respete su derecho a decidir cuales tratamientos utilizar para enfrentar la enfermedad. Sin embargo, ante la mirada atónita de los ciudadanos, no se ve que suceda ningún avance en investigaciones, juicios o personas condenadas por los diferentes escándalos de corrupción que pesan sobre el gobierno y su red de cuido, como por ejemplo con el Cementazo, la UPAD, el Caso Cochinilla, entre otros.
Fue precisamente en este periodo legislativo que trece diputados y la misma Casa Presidencial recibieron en sus despachos a personas ligadas al narcotráfico y la fiscalía no ha actuado con la debida vehemencia y el interés superior de resguardar la transparencia, la dignidad y la seguridad que el país merece.
La inclinación de los poderes de La República, principalmente el Ejecutivo y el Judicial, ha sido la persecución política, típica de los Estados socialistas, contra quienes levantan la voz en favor de la libertad pero que el gobierno totalitarista de turno ha estado suprimiendo; y es que, ante los oídos sordos del gobierno con respecto de las necesidades del pueblo, es que muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de acudir –mediante la manifestación pacífica– a las calles y diferentes lugares públicos a rogar para que detengan la atrocidad de las directrices impuestas incluso contra los niños, dignas de un gobierno déspota, injusto y opresor.
Desde los diferentes movimientos y personas que han hecho la solicitud de auxilio a la Sala Constitucional han visto como todo ha sido en vano, los Magistrados han demostrado ineptitud y muestran claramente que se han alineado al gobierno dejando sin efecto la separación de poderes que debería de existir en una democracia, por lo tanto, la persecución a quienes cuestionan al gobierno y sus actuaciones son denunciados y llevados injustamente ante las autoridades, como una forma de callar a quien no esté de acuerdo.
En ese mismo orden, recordamos como la Defensora de los Habitantes fue atacada en abierta persecución política cuando convocó a Carlos Alvarado y Daniel Salas a la reunión en la que recibió a miembros del cuerpo médico-científico del Movimiento por la Salud y la Libertad, quienes libres de conflictos de intereses, tenían la autoridad para exponer temas médicos y de bioética, quienes llamaron la atención de las autoridades en apoyo a ciudadanos que han estado sufriendo discriminación directamente desde el gobierno y que necesitan aún hoy, tener voz.
Fue a partir de ahí que muchas personas han descubierto que el gobierno ha mentido descaradamente con ayuda de propaganda mediática y la generación de miedo a una enfermedad que nunca necesitó de confinamientos y mucho menos de la inoculación obligatoria de sustancias experimentales cuando existen tratamientos alternativos, seguros y eficaces para enfrentar y superar el virus.
En esa misma línea de búsqueda de la verdad y el debate científico-legal que el gobierno se ha negado a realizar, callando a quienes han sido exponentes de datos científicos contundentes contra la falsa pandemia, es que la diputada Shirley Díaz abrió las puertas de su despacho para que se presentara la Declaración médico-científica de los profesionales de las ciencias de la salud y la vida del Movimiento por la Salud y la Libertad en Costa Rica. En esta actividad realizada en la misma Asamblea Legislativa, una vez más, participaron personas con comprobada autoridad médica, farmacológica y clínica para decir claramente que el gobierno miente y que ha pisoteado los derechos de los ciudadanos.
Recordemos que lo ocurrido en el hospital de Heredia con el niño Mateo generó el descontento de ciudadanos que han sido rechazados por el gobierno una y otra vez, utilizando a los medios de comunicación alineados para generar en la población una división absurda entre “vacunados” y “no vacunados”, llamándolos despectivamente «antivacunas» a pesar de que estos siempre han señalado no ser “antivacunas”, sino estar en contra de la OBLIGATORIEDAD, que son pro-derechos y pro-libertad.
De forma injusta, y ante el asedio y la provocación de un gobierno irresponsable y opresor es que mediante la persecución política hoy en día tenemos a padres, abuelas, y otros ciudadanos de bien –incluyendo a la diputada Shirley Díaz–, que defienden a los costarricenses de los abusos de las autoridades enfrentando procesos judiciales desproporcionados y politizados; como un hecho ejemplarizante de poder absoluto y castigo contra quien no esté de acuerdo con la tiranía ejercida por el mismo presidente Carlos Alvarado y Daniel Salas en colaboración con los poderes de la República y los medios de comunicación.
Opinion de Catalina Vargas H.
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