De forma unánime dictaminaron los diputados de la Comisión de la Mujer el Expediente 20308. Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres, estableciendo sanciones para quienes cometan este delito y con ello eliminar su impunidad.
La iniciativa logra avanzar en comisión después de muchos años de estar en la corriente legislativa y con ello se pretende que el país esté a la vanguardia de la protección de los derechos de las mujeres en ese ámbito.
Para garantizar su aplicación el proyecto establece que los partidos políticos deben realizar acciones permanentes dirigidas a garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y erradicar toda forma de discriminación.
El ente rector será el Instituto Nacional de las Mujeres a quién le corresponderá diseñar ejecutar, monitorear y asesorar en las políticas públicas y dar las recomendaciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en la política, en coordinación con otras instituciones públicas, organizaciones e instancias que desarrollen programas para las mujeres y para la igualdad de género.
La diputada Nielsen Pérez Pérez proponente de la iniciativa destacó que con la misma se cierra un ciclo de legislación para la atención y protección del derecho de las mujeres de una vida libre de violencia que destacó afecta en especial las alcaldesas y vicealcaldesas
Destacó que el proyecto aporta al debate público y democrático del país al facilitarle las reglas del juego a los actores quedando claro cuál es la violencia política contra las mujeres y como se manifiesta.
En cuanto a materia procedimental explicó que para que se concretice y se pueda poner en práctica en forma expedita tanta protección real a las mujeres tanto dentro de los partidos políticos
La diputada Shirley Díaz Mejía resaltó que el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política gana más atención cada día en todo el mundo, que busca impedir la participación de las mujeres en política sólo por su condición.
Por su parte el diputado José Masría Villalta Florez-Estrada recalcó que la violencia contra las mujeres en política abarca los cargos electos popularmente y resaltó las situaciones que se dan en la actualidad en especial en las municipalidades.
Añadió que además la ley va más allá de los partidos políticos al incluir las organizaciones sociales, sindicatos cooperativos, y todos los espacios donde se hace política en las comunidades.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece disposiciones tanto para las instituciones con cargos de elección popular como organizaciones civiles, así como cooperativas entre otras.
En el caso de los puestos de elección popular como la Asamblea Legislativa los diputados y diputadas, cuando así lo acuerde el Plenario Legislativo, la sanción será de amonestación ética pública, la suspensión o la pérdida de la credencial.
En las Municipalidades, los alcaldes, alcaldesas, intendentes, intendentas, titulares y suplentes cuando así como regidoras y regidores, titulares y suplentes se exponen a la suspensión o la pérdida de la credencial.
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