La Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, le dio dictamen afirmativo al expediente 22.609 Ley para Desarrollar y Fomentar la Pesca de Calamar, que tiene como propósito encontrar fuentes alternativas de empleo para los residentes de las zonas costeras y pescadores, después de que se prohibiese la explotación del camarón.
Los científicos detectaron que en el país se ha producido un aumento considerable en la población de calamar, aparentemente debido al aleteo de tiburones, quienes son sus depredadores más importantes. Con menos depredadores y el cambio climático que acelera el crecimiento, se ha generado mayor población.
Ya hay una pesca descontrolada y poco conveniente a 400 kilómetros de Cabo Blanco, en el profundo océano Pacífico, donde barcos provenientes de Asia llegan a pescar “calamar gigante” cerca de aguas nacionales.
Con esta iniciativa se impone a INCOPESCA realizar los estudios necesarios, trazar las políticas y disposiciones correspondientes para desarrollar y fomentar la pesca, comercialización e industrialización de las especies de calamar, en todas las áreas y regiones del país donde se realice esta actividad.
El INCOPESCA, en conjunto con el MAG y el INFOCOOP, implementará un programa especial para promover las capacidades técnicas, organizativas y gerenciales, entre otras, que permitan comercializar e industrializar el calamar, bajo los principios de desarrollo sostenible y democrático, reconocimiento del valor del producto y comercio justo.
La comisión también le dio dictamen afirmativo al proyecto 22.701 Reforma a la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas y a la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional. De igual manera se aprobó enviarlo a consulta al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE y a la Autoridades Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP.
Una de las principales modificaciones de esta propuesta de ley es que las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales puedan comprar la energía producida por los generadores privados de conformidad con las necesidades de demanda previamente identificadas y a los precios que establezca la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Además, se eliminarán restricciones para exportar energía eléctrica al resto de Centroamérica, la cual carece por completo de sentido en tanto otros miles de bienes y servicios hoy pueden ser comerciados libremente en toda la región.
Las reformas permitirán que empresas distribuidoras, cooperativas, municipalidades y otros actores compren energía producida a partir de fuentes renovables y a precios inferiores respecto a los que ofrece el ICE y sus empresas.
El expediente 21.087 Ley para la Modernización de la Oficina de Semillas, se aprobó una moción para posponer su conocimiento.
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