Dictadura de Nicaragua manda a eliminar la disidencia usando la herramienta jurídica

Se presentó en las pasadas elecciones donde mando a encarcelar a los contendientes del partido político oficialista, hemos visto los ataques a medios de comunicación y ahora va por las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua.

El diputado Filiberto Rodríguez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), presentó una iniciativa de decreto legislativo para cancelar las personerías jurídicas de 25 asociaciones y fundaciones, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una organización que había resistido la represión y el asedio policial desde el 2018.

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Desde hace más de 260 días se encuentra privada de libertad la abogada María Oviedo, esto por defender los derechos humanos de los reos políticos en nuevo Chipote, se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos en Nicaragua.

Abogados y defensores de derechos humanos de la CPDH han sido perseguidos desde el 2018 por defender a los presos políticos y denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora buscan silenciar estas voces.

La CPDH es una organización que promueve los derechos de la niñez, también será cancelada la personería jurídica de la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

La Codeni es otra org que se ha destacado en el país por su trabajo de promoción y defensa de los derechos de la niñez y los adolescentes.

También serán eliminadas dos asociaciones empresariales. Una de estas es la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar (Aprocari), a la que pertenecía el empresario y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, quien ahora está preso por adversar al régimen Ortega Murillo. La otra organización empresarial es la Red de Empresarias Nicaragüenses (REN).

Con estas acciones el régimen de Ortega manda un claro mensaje a la población Nicaragüense, y es que no existe forma jurídica o legal de sacar al país de la dictadura.

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