Derecho a la vida se podrá analizar hasta el 2 de febrero de 2023

Violaciones a los derechos humanos de los costarricenses

seguirán siendo pan de cada día”

Aunque la vida, la salud, el derecho al trabajo, entre otros derechos fundamentales y humanos están siendo violentados, y pese a tener una relación directa con las actas de la CNVE que se espera anular de manera absoluta, dicha violencia se podrá analizar a la luz de dichas actas, en audiencia pública de ley, hasta febrero del 2023, pese a la urgencia del caso.

Ya hemos denunciado en repetidas ocasiones cómo trabajadores con efectos adversos por la “vacuna” contra covid-19, a los que se les caía la piel, fueron obligados a “vacunarse” para no perder sus trabajos. También se ha hablado de los trabajadores que, tras décadas de trabajar fielmente para una empresa, fueron despedidos sin más por no “vacunarse”. Hemos denunciado de manera pública el caso de bebés que sufren efectos adversos, que han sufrido alergias por meses, yendo de un médico a otro, sin que hayan podido ser tan siquiera reportados al ESAVI por los mismos médicos que les atienden, pese a que las madres de los menores de edad lo solicitan. Se ha denunciado el caso de hombres fuertes y sanos, que eran el sustento de su hogar, ahora están con tramadol sin poder dormir del dolor, menos trabajar; el siguiente paso para calmar el dolor es la morfina, según les han indicado los médicos. También se ha denunciado el caso de un joven que hasta que no cayó inconsciente con convulsiones, no le creyeron que estaba enfermo, pues los médicos creían que estaba “actuando” los síntomas. Sabemos también de los casos de muertes posterior a las “vacunaciones”, las que las autoridades no han querido investigar, pues al parecer para ellos se trata de un “rumor urbano”, lo mismo que los efectos adversos.

Esta violencia que han sufrido y sufren muchas personas podría detenerse si se otorga la medida cautelar contra las actas de la CNVE, que ha sido solicitada en Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrado al expediente 22-005162-1027-CA. Sin embargo, pese a la urgencia, hasta febrero del 2023 dicha audiencia no se va a poder llevar a cabo.

Mientras tanto: ¿cuántos trabajadores más están siendo obligados a “vacunarse” para no ser despedidos? ¿Cuántas madres seguirán yendo de un médico a otro sin encontrar apoyo? ¿Cuántos hombres más van a dejar de ser personas sanas y comenzar a vivir usando tramadol o morfina para soportar el dolor? ¿Acaso las autoridades, abogados, jueces, funcionarios, magistrados, entre otros, no se dan cuenta de la magnitud del daño? ¿Qué otras pruebas necesitan para ver el sufrimiento de seres humanos de carne y hueso?

Una vez un juez nos dijo: “la justicia es lenta, pero cumplida”. Definitivamente, lenta es. Cumplida, esperemos que lo sea. Sin embargo, para cuando sea cumplida, y al hacer el recuento de los daños, serán incalculables.

Mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, adolescentes, habrán sido dejado atrás.

Opinión de: Mila Argueta, paralegal.

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