En días pasados la diputa doña Pilar Cisneros y la ex ministra de salud, doña Joselyn Chacón acuñaron el término “sororidad selectiva” para referirse al silencio cómplice que imperaba ante la violencia política de la que ellas fueron y son víctimas.
La sororidad en no pocos casos se está transformando en un mecanismo solapado para cohonestar conductas contrarias a la ley sobre las que autoridades, mujeres y hombres empiezan a mostrar su hartazgo.
En España, el viernes pasado, Irene Montero, la sorora Ministra de la Igualdad fue condenada al pago de 18 mil euros a Rafa Marcos un hombre valiente que no renunció a proteger a sus hijos del secuestro y agresión del que habían sido víctimas por parte de Maria Sevilla, una madre sorora agresora que a su vez recibió un indulto de sus delitos por parte del gobierno izquierdista español. Montero fue vetada por su propio partido para toda participación política.
En Colombia, hace dos semanas, el reconocido periodista Daniel Coronell denunció la presión que un fiscal de asuntos sexuales estaba recibiendo de la Vicefiscal General de la Nación, Marta Mancera para que acusara a un padre de abusar sexualmente a su hija. La madre abnegada que presentó la falsa denuncia es hermana de una ex congresista colombiana quien aprovechándose de sus influencias sororas con la señora Vicefiscal quería dejar a su sobrina sin papá
En Costa Rica no estamos lejos de esas desviaciones sororas. En el expediente 22-004104-0031-DI se adelantó una denuncia disciplinaria contra Andrea Murillo Briones, la Fiscala Coordinadora de la Fiscalía de Género de San José. La base de la denuncia era un indebido interés de la fiscala Murillo en un caso que se adelanta en esa Fiscalía y que se manifestó en una entrevista abusiva e irresponsable que ella realizó a un niño de 5 años. Dos días después de esa agresión, doña Andrea apareció taggeada en un grupo de amigas con la mamá denunciante, su hermana, una testigo y la mejor amiga en común. “Apoyándonos somos más” indicó la fiscal sorora al grupo.
El procedimiento disciplinario ante la Inspección Fiscal fue desestimado. La superior de Murillo Briones de ese momento afirmó ante el ente disciplinario que: (i) doña Andrea supuestamente había sido nombrada por ella pues tenía una amplia experiencia y formación en entrevistas a menores de edad; (ii) la entrevista había cumplido con los más altos estándares nacionales e internacionales sobre el tema y; (iii) la entrevista realizada al niño, la catorceava que se le hacía en el Poder Judicial, había sido ordenada por otra fiscal de otra división de la fiscalía de reciente creación y que ellas solo obedecían.
Finalizado el procedimiento disciplinario se hizo la consulta a la misma jefa sobre la experiencia y formación específica a la que hacía referencia. En la respuesta indicó que esa información no la conocía y que en otras oficinas le habían dicho que era confidencial. Al hacerse la consulta directa a la Oficina de Gestión Humana, por esas cosas inexplicables de la vida, la información dejó de ser confidencial y oh sorpresa: la fiscala Murillo Briones no tiene ninguna formación en el tema.
Posteriormente se le hizo la consulta a la Fiscala que supuestamente había ordenado llevar a cabo la catorceava entrevista en el Poder Judicial al niño de 4 años y oh sorpresa: ella personalmente no la había ordenado y aclaró que no tenía autoridad para dar esas órdenes.
Finalmente la conducta de Murillo Briones en la entrevista en cuestión está más cerca de ser un abuso emocional al niño que una entrevista profesional garante de los derechos del menor.
Murillo Briones salió frotándose las manos. Era la última oportunidad sorora para salvar a la madre denunciante de una denuncia por abuso de la autoridad parental y denuncia temeraria. Según Murillo la misión había tenido éxito. La intrépida fiscala se tomó 40 minutos para manipular, regañar, ponerle palabras y corregir al niño para demostrar que el niño cree que el papá es la empleada doméstica contra quien inicialmente se había dirigido la denuncia y que tenía un disfraz que se había puesto en la casa de la madre denunciante mientras la mamá estaba en la cocina.
Hace unas semanas la Fiscalia General emitió unas guías para esta clase de entrevistas la cuales a su vez son consistentes con las mejores prácticas sobre el tema recomendadas por la UNICEF. Las guías solo dicen cosas elementales como que el niño no puede ser manipulado o direccionado pues su versión debe ser libre o que su testimonio debe ser muy cerca en tiempo a los supuestos hechos denunciados para evitar sugestibilidad por parte de terceros (e.g una psicóloga corrupta). Todas las reglas y buenas prácticas para estas entrevistas fueron violadas por la fiscal sorora.
Como si lo anterior no fuera un descredito para la Administración de Justicia, resulta que la Fiscalía de Género tiene una silla en la Secretaría de Género del Poder Judicial y cuando la Fiscal Adjunta no puede asistir a las sesiones, es Andrea Murillo Briones, la fiscala sorora, quien la reemplaza y su voto decide la política pública judicial de Costa Rica. ¿Así o más feo?
Juan Manuel Godoy | Papá
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