Defensoría pide condiciones democráticas en diálogo sobre el derecho a la alimentación

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La Defensoría de los Habitantes solicitó al Gobierno de la República convocar a un proceso de “Diálogos Nacionales para la instauración de Sistemas Alimentarios Sostenibles”, en razón de los problemas ocasionados por la crisis mundial de contenedores que afectan las cadenas de suministro global, y muy especialmente los relativos con la importación de productos alimenticios así como de insumos para su producción local.

Para la Defensoría de los Habitantes tal convocatoria debe tener como propósito de alcanzar soluciones naturales que garanticen el acceso a los alimentos, sanos y nutritivos, para toda la sociedad costarricense. Favoreciendo, especialmente, la Inocuidad de los Alimentos.

Tal dialogo, sugerido al gobierno por parte de la Defensoría de los Habitantes, debe enmarcarse en los parámetros que emanan de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho:

1) Legitimidad social. Este espacio debe ser un punto de encuentro entre el funcionariado público y la ciudadanía a efectos para garantizar la inocuidad de los alimentos.

2) Representativo. La participación debe ser representativo de los distintos sectores involucrados en la materia.

3) Participativo. El proceso debe posibilitar la participación de todos los sectores que conforman la realidad nacional.

4) Claro. El proceso debe ser claro y preciso, sin conceptos indeterminados, a efectos de que sus destinatarios tengan absoluta claridad de la discusión generada.

5) Transparente. Todo proceso participativo debe ser transparente ante la opinión pública; siendo un reclamo democrático que la sociedad costarricense ha vendido manifestando en forma reiterada y, por lo tanto, debe ser atendido.

6) Inclusivo. Debe garantizarse la inclusión de todas las personas, sin distingo alguno, bajo el prisma de los Derechos Humanos. El proceso de diálogo debe transformar la acción del Estado en función de los sectores sociales a los cuales sirve; en especial, aquellos más vulnerables y más afectados por el impacto negativo de la crisis provocada por el Covid-19.

7) Estructurado. El proceso debe de estructurarse con reglas claras y precisas, con participación de los servidores públicos y del público en general.

8) Institucionalizado. El proceso debe institucionalizarse bajo los parámetros propios de la institucionalidad democrática que exige nuestro Estado de derecho.

9) Formalizado. El proceso debe formalizarse a través de nuevas vías que sirvan como punto de encuentro entre las y los habitantes y el funcionariado público, a efectos de potenciar la arquitectura democrática de nuestra institucionalidad pública.

10) Fiscalizable. La rendición de cuentas y las auditorias ciudadanas deben de ser los mecanismos a través de los cuales serán evaluados.

En dicho proceso será fundamental la identificación de acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, el acceso al mercado y el desarrollo sostenible. Estas acciones son indispensables de cara a la actual crisis que enfrentan las redes de suministros de alimentos a nivel global.

Para Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, es importante retomar la frase que se acuño con ocasión de la celebración del Día Mundial de los Alimentos, al reconocerse que los «Alimentos inocuos AHORA para un mañana saludable«, dado que la producción y el consumo de alimentos inocuos genera beneficios en el corto y largo plazo para las y los habitantes; el planeta como un todo y la economía global.

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