La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó al Gobierno de la República convocar a un proceso de “Diálogo Nacional”, entre las instituciones públicas costarricenses que son acreedoras de los títulos de deuda estatales, a efectos de conciliar y disminuir el pago de la misma; para generar las condiciones de reactivación que requiere nuestro país y así superar la actual crisis económica, social y de valores.
Para la Defensoría de los Habitantes, dicha mesa de diálogo nacional debe servir para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en su capacidad de resolver los problemas nacionales. Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, hizo un vehemente llamado para que el Presidente, Carlos Alvarado, convoque la realización de dichos encuentros y para ello exigió que los mismos deban cumplir con los parámetros que emanan de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho:
1) Legitimidad social. Este espacio debe ser un punto de encuentro entre el funcionariado público, de cara a la ciudadanía, para garantizar que las medidas de reducción de la deuda inter-estatal sea en beneficio de la gente y de sus derechos y libertades.
2) Representativo. La participación debe ser representativa de los distintos sectores involucrados en la materia y con poder de decisión.
3) Participativo. El proceso debe posibilitar la participación de todos los sectores a efectos de construir un Acuerdo Nacional en materia de deuda pública que mejore la realidad nacional.
4) Claro. El proceso debe ser claro y preciso, con decisiones medibles y verificables, señalando las fechas en que, en el corto, mediano y largo plazo la deuda estatal será condonada, en parte; o pospuesto su pago en el largo plazo y bajo tasas de menor interés que las actuales, a efectos de que sus destinatarios (agentes sociales y económicos) tengan absoluta claridad de la discusión generada.
5) Transparente. Todo proceso participativo debe ser transparente ante la opinión pública; siendo un reclamo democrático que la sociedad costarricense ha venido manifestando en forma reiterada y, por lo tanto, debe ser atendido, máxime ahora en que los recientes hechos de corrupción afectan la percepción del Estado y de sus instituciones.
6) Inclusivo. Debe garantizarse la inclusión de todas las instituciones públicas nacionales que son titulares de deuda interna, sin distingo alguno, bajo el prisma del interés nacional. El proceso de diálogo debe transformar la acción del Estado y sus instituciones en función de la reducción de la deuda pública costarricense, a efectos de generar las condiciones de reactivación económica que el país demanda; en especial, en beneficio de aquellos más vulnerables y más afectados por el impacto negativo de la crisis laboral, productiva y económica acentuada por el Covid-19, pero pre-existente desde antes de la pandemia.
7) Estructurado. El proceso debe de estructurarse con reglas claras y precisas, desde el liderazgo del propio Presidente de la República y los demás mandos estatales vinculados con esta problemática económica. La misión de las mesas de trabajo se debe estructurar bajo el objetivo de que la participación de los servidores públicos se de en beneficio del público al cual se deben como servidores de los mismos.
8) Institucionalizado. El proceso debe institucionalizarse bajo los parámetros propios de la institucionalidad democrática que exige nuestro Estado de Derecho.
9) Formalizado. El proceso debe formalizarse a través del llamado que desde Casa Presidencial haga el Presidente de la República, a todas las instituciones acreedoras de deuda estatal costarricense, cuya disminución sirva como punto de encuentro entre las y los habitantes y el funcionariado público, para potenciar la arquitectura democrática de nuestra institucionalidad pública.
10) Fiscalizable. La rendición de cuentas de los jerarcas institucionales y las auditorías internas de cada institución, así como la ciudadanía, deben ser los mecanismos a través de los cuales serán evaluados los compromisos de reducción de deuda pública adoptados en el seno de tales mesas de trabajo.
En dicho proceso será fundamental la identificación de las acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos potenciales de un proceso de esta naturaleza; sin embargo, solo a través de la reactivación económica será posible construir la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, el acceso y retorno de los consumidores a los mercados nacionales y al desarrollo sostenible.
Este año del Bicentenario, el país está llamado a reinventarse a través de fórmulas “a la Tica” para superar la crisis, mediante el fomento a la producción y el consumo por medio de la reducción de la deuda pública; generando beneficios en el corto y largo plazo para las y los habitantes, así como en nuestro perfil ante la economía global.
Es por ello que la Defensoría reclama determinación en este diálogo social, sobre las acciones que el país debe de implementar respecto de la reducción de la deuda pública estatal, que potenciaría la reactivación económica a través de la mejora en producción, el empleo, la comercialización y exportación de productos hechos en Costa Rica. Por ello, la atención de la Deuda demanda la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar al habitante condiciones sociales para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
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