Como parte del control de legalidad que realiza la Defensoría de los Habitantes, se le envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), 12 preguntas relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, que estaría trasladando a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.
El objetivo de esta Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos. Estas son las consultas que el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, debe responder dentro de los cinco días hábiles: si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.
Se le consultó si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, además, en caso de llevar adelante esta iniciativa, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si dichos recursos ya están o no reservados a nivel presupuestario
Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales.
Además, se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales, qué consideración le merece que los establecidos actualmente en las Leyes N° 8114 y 9329, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.
También, deberá informar si considera que las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como LANAMME u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades.
Por último, deberá indicar qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal.
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