La Defensoría de los Habitantes sostiene que tan importante es la sostenibilidad financiera del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como que las personas contribuyentes tengan derecho a una pensión digna. Así lo hizo ver la institución a la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social a raíz de la propuesta de reforma al sistema de pensiones.
Para la Defensoría, si bien es cierto la CCSS tienen el objetivo de lograr la sostenibilidad financiera del IVM a largo plazo y con criterios técnicos, también se deben tomar las medidas para que el monto de la pensión sea suficiente para cubrir las necesidades de las personas pensionadas al tiempo que se vela por la equidad del sistema de pensiones. De nada sirve un sistema sostenible, si la población jubilada está confinada a la pobreza1.
En cuanto a los cambios propuesto en relación con la pensión anticipada, la Defensoría considera que debe valorarse la situación de la economía del país, debido a la eliminación del incentivo para que las personas en edad de pensionarse lo hagan, obligándolas a mantenerse en sus puestos de trabajo a la vez que la economía no logra crear nuevos puestos, lo cual podría potenciar el problema del desempleo y/o la informalidad. En un análisis de la cantidad de personas trabajadores que, en rangos de 55 a los 80 años o más siguen trabajando y cotizando, se observó que alcanzan 199.259 personas, quienes, si bien es cierto, no necesariamente están en condiciones para pensionarse, en caso de estarlo, no lo podrían hacer de aprobarse la reforma en estudio. Por lo tanto, la Defensoría de los Habitantes considera que la Junta Directiva de la CCSS, de previo a aprobar esta reforma, debería solicitar a la Gerencia de Pensiones un estudio de costo beneficio para el sistema de pensiones y para el país en relación con la eliminación del retiro anticipado y el retraso de la pensión.
Además, el planteamiento de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, propone que el cálculo del Salario Promedio de Referencia se realice a partir del promedio de los mejores 300 salarios reportados (25 años) de toda la carrera laboral e indexado por la inflación. Si bien es cierto, a partir de un análisis general, esta propuesta podría parecer un cambio positivo o beneficioso para las personas cotizantes, a la Defensoría le preocupa debido a que, de acuerdo con las estimaciones de la Gerencia de Pensiones, existirán diferencias según sean los rangos salariales de cada una de las personas trabajadoras cuando soliciten la pensión y según género.
La Defensoría de los Habitantes recomienda aprovechar la oportunidad actual para establecer las bases de la sostenibilidad futura del IVM; es un acto de irresponsabilidad postergar las decisiones y acciones que deben tomarse con la finalidad de trasladarlas para un momento futuro en el tiempo, dado que más temprano que tarde, al final, las decisiones y acciones tendrán que tomarse y la dilación puede causar un mayor perjuicio a la sociedad, por la mayor severidad que eventualmente tendrían las medidas.
De ahí que la Defensoría recomienda a la CCSS la realización, por lo menos de una vez al año, de evaluaciones actuariales del régimen del IVM, de manera que las proyecciones no se desfasen de la realidad y la sociedad pueda conocer la dinámica de su sostenibilidad económica y a la vez, tomar oportunamente las medidas correctivas del caso, sin que deba llegarse a situaciones de urgencia, como en el actual período.
Continuar con el financiamiento del IVM mediante contribuciones sobre la nómina o salarios, podría no garantizar la sostenibilidad económica pretendida.Por ello, la Defensoría considera importante que la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones valoren la posibilidad de establecer un esquema de cotización diferenciada,similar al aplicado en el impuesto sobre la renta pues, la cotización actual no es progresiva y, por tanto, las personas y patronos de mayores ingresos no contribuyen con mayor esfuerzo con el fondo solidario que los trabajadores de menos ingresos. Para ello, es recomendable establecer a la vez controles cruzados con el Ministerio de Hacienda, para el logro de una cotización efectiva según el nivel de ingresos. Esta variable está en control de la CCSS.
Asimismo, considera la Defensoría que es necesario valorar, además de la contribución sobre salarios, nuevas fuentes de cotización, pero más orientadas hacia los ingresos de capital y el consumo. La sostenibilidad requiere de un continuo crecimiento económico, de tal forma que los flujos de ingresos proveniente de las cuotas sobre remuneraciones aumenten en la misma proporción. Sin embargo, con la configuración del mercado laboral, que implica un desempleo creciente, podría ser necesario gravar otras fuentes de ingresos con miras a sostener el régimen del IVM. Asimismo, tal como se ha señalado en las propuestas, es necesario reducir la informalidad laboral, a efectos de recibir el aporte de la población trabajadora que actualmente no cotiza.
Asimismo, sugiere la Defensoría que se explore la posibilidad de establecer políticas de atracción de nuevos cotizantes de edades avanzadas mediante sistemas de pago de contribuciones que, por razones de informalidad, migratorias u otras, no hayan podido ingresar al sistema previamente. Por último, establecer estudios sobre nuevas opciones para el sistema de pensiones, pues, como lo recomienda la OCDE, los sistemas de pensiones públicas deberían de basarse más en años de cotización y menos en edad de pensión.2
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
1 Laborda, Juan; Laborda, Ricardo; Inurrieta Beruete. (2015). “El sistema de pensiones de reparto frente a los sistemas financiados: Una crítica a la teoría neoclásica”. Estudios de Economía Aplica. Vol. 33-3. Páginas 759-782
2 Robles, Edgar. (2019) “El sistema de pensiones en Costa Rica y sus desafíos.” Academia de Centroamérica, serie Programa Visión para el Desarrollo.
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