Costa Rica nació y surgió desde la migración y su confluencia con pueblos originarios; generándose así un crisol de culturas que dieron pie a la construcción social de una Nación que supo integrar su unidad nacional a partir de la diversidad, en un país que se auto reconoce como multiétnico y pluricultural.
Para Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “La institución del Refugio ha marcado la relación de Costa Rica con el Mundo, caracterizándonos como una tierra de gentes que muestran su solidaridad internacional ante quienes necesitan de nuestro apoyo y nuestro respaldo; en especial sobre aquellos que han sido vulnerabilizados a través de la violación ó amenaza de lesión, a sus derechos humanos y de participación política en sus países de origen.
De ese sentimiento protector y solidario es que nace nuestra tradición, de larga data, de ser una Costa Rica receptora de población migrante y refugiada”.
La Defensoría reconoce que la protección que otorga la condición de refugio se brinda a partir del reconocimiento técnico de que, sobre la persona solicitante, concurren amenazas, reales o potenciales, que afectan o ponen en peligro el ejercicio de sus derechos fundamentales, incluyendo la vida y la integridad personal; por lo tanto, para la Defensoría de los Habitantes resulta inaceptable la dilación burocrática con que la Dirección de Migración y Extranjería ha venido gestionando la prestación de éste servicio público.
La Defensoría de los Habitantes reconoce, en éste día Internacional de la Persona Refugiada, la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales, los recursos humanos y tecnológicos; y el respeto a los plazos señalados por Ley (2 meses LGAP) para que los órganos públicos sobre los que recae la decisión técnica para el reconocimiento de la condición de refugiado, cumplan con su trabajo.
En concreto, la Defensoría exige que el Dirección general de Migración garantice un procedimiento ágil y oportuno, desde la recepción de solicitudes, la programación de las citas para entrevistas, la revisión de expedientes y su resolución por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, de forma tal que el Estado brinde una respuesta, sin dilación, a la urgencia que tienen estas personas de resguardar su vida, su libertad e integridad personal.
En el contexto mundial en el que nos encontramos, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, como institución protectora de los derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes ha reiterado a las autoridades migratorias la necesidad de que, por encima de cualquier decisión de naturaleza migratoria, como el “endurecimiento de los controles y el cierre de fronteras”, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar que las personas solicitantes de refugio, específicamente, tengan acceso a los procedimientos establecidos para solicitar esta protección internacional.
Resulta importante señalar que el Consejo de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos de Centroamérica, en sesión sostenida en Puntarenas, el 30 de abril del 2021 adoptó, como principal resolución, el reclamo de que: “La Vida Humana de las personas migrantes es INVIOLABLE”, “a efectos de que los gobiernos y las autoridades públicas de la región traten con humanidad y respeto a quienes la pobreza, la criminalidad y la delincuencia expulsa de manera forzada de sus países de origen. Y como un llamado, a esas mismas autoridades, para que se actúe de manera efectiva contra los riesgos representados por los coyotes y las mafias de la trata de personas que explotan, revictimizan y hacen perder la vida a decenas de migrantes que se ven expuestos a transitar por rutas migratorias altamente inseguras y peligrosas para la vida humana”.
Al celebrarse el “Día Mundial del Refugiado” la Defensoría de los Habitantes considera que aún se mantiene latente la necesidad de que el Estado costarricense incorpore la atención y protección de los derechos humanos de la población refugiada, como eje transversal, en la formulación y ejecución de toda política pública. Además, la Defensoría demanda al Gobierno de la República el desarrollo de procesos de sensibilización e información a la población nacional, con el fin de prevenir actos de discriminación, xenofobia e intolerancia.
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