Domingo 13 de junio de 2021. La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, presentó ante la Asamblea Legislativa el estado de situación de los derechos humanos en el país, recopilado en el Informe Anual de Labores 2020-2021.
Esta reseña de la Defensoría coincide con una etapa de la vida del país marcada por la pandemia y los efectos de las medidas adoptadas para la atención de la misma. Estas, aunque necesarias e importantes, también han conllevado una afectación indirecta de los derechos de las personas. Por esta razón, para la Defensoría de los Habitantes resulta impostergable que, en este ejercicio de rendición de cuentas, informar sobre cuáles han sido los hallazgos y constataciones que la institución ha realizado con respecto a los efectos sobre los derechos de las personas.
Es así como el Informe Anual de Labores 2020-2021, recoge el sentir de más de 30 mil habitantes que acudieron a la institución por considerar que acciones u omisiones del sector público vulneraban sus derechos humanos.
Una vista a la gestión pública durante la pandemia, las acciones impulsadas por la Defensoría en resguardo del derecho a la salud de la población; así como el impacto del COVID-19 en los Derechos Humanos en Costa Rica, son algunos de los contenidos que aborda el Informe Anual de la Defensoría. Asimismo, la Defensoría desarrolla la situación fiscal y sus efectos en el sistema de bienestar social del Estado; el combate a la pobreza y las responsabilidades estatales; además de la agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el riesgo de regresión en derechos humanos.
“Es ahora, más bien, cuando el Estado costarricense debe responder con mayor fortaleza a las personas y particularmente a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. De esa labor somos vigilantes, fieles al mandato de control de legalidad y fiscalización que por ley tenemos como Institución Nacional de Derechos
Humanos de Costa Rica”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
Crespo Sancho agregó que en la actualidad es claro que como país, al igual que el resto del mundo, estamos enfrentando las consecuencias del COVID-19; pero eso no debe afectar el cumplimiento de los derechos humanos y que Costa Rica detenga su avance de cara a los ODS y la Agenda 2030.
“Aunque por su causa se ha calificado como una crisis sanitaria, por sus efectos en los ámbitos sociales, económicos y políticos; debe ser considerada como una crisis humana que ha tenido repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad y ha afectado, en mayor o menor medida, el goce de los derechos humanos de las personas”, finalizó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
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