La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, acudió a la Sala Constitucional a presentar un recurso de amparo contra el Presidente de la República, en razón de las disposiciones emitidas por el proyecto legislativo aprobado en segunda debate, pendiente de sanción o veto, por parte del mandatario, de conformidad con el Proyecto legislativo denominado: Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia.
El Proyecto de Ley 20799, en su origen plasmaba la voluntad del legislador en regular el acceso a la información pública por parte de los y las habitantes de este país; sin embargo, en su desarrollo y análisis legislativo sufrió serias modificaciones que desvirtuaron la voluntad inicial convirtiéndose en una especie de “Ley Mordaza”, la cual claramente atenta contra la institucionalidad costarricense al poner en velo de duda los principios de Transparencia y la Rendición de Cuentas, elementos esenciales en la Democracia de cualquier Estado.
“Careciendo de conexidad y debida publicidad, la versión final fue votada en segundo debate el día 26 de abril del 2022, sin consultarse a la Defensoría de los Habitantes, y a los Colegios Profesionales correspondientes (la última versión), lo que deja ver claras inconsistencias en el procedimiento legislativo”, indicó la Defensoría en el recurso de amparo.
En la acción judicial, la Defensoría argumentó las razones por las cuales este proyecto resulta lesivo a derechos fundamentales como la transparencia, rendición de cuentas, y la autodeterminación informativa, por lo que resulta improcedente su firma; y solicita una medida precautoria a las y los Magistrados.
“Uno de los conceptos íntimamente vinculados con la transparencia es la rendición de cuentas en tanto la transparencia es una condición necesaria para que los gobiernos sean imputados por sus acciones, es decir, que la responsabilidad pública les pueda ser atribuida. La entendemos como un sistema que obliga, por una parte, al servidor público a reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos, y por otra parte, dota a la ciudadanía de mecanismos para monitorear el desempeño del servidor público. Uno de los límites – quizá el más importante – con respecto a la rendición de cuentas, es la asimetría de la información”, puntualizó la Defensoría en la acción judicial.
Por su parte, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, manifestó: “Este Decreto Legislativo de convertirse en Ley de la República afectaría claramente el Derecho a la información y la publicidad informativa, tutelados por la Sala Constitucional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”.
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