La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, urgió a las autoridades de los tres bancos estatales, acciones para salvaguardar el bienestar económico de la población costarricense.
Esta intervención de la Defensoría se da en respuesta a la decisión de la autoridad monetaria de incrementar las tasas de interés, con el propósito de mantener el indicador de la inflación dentro del rango del 2% y 4% en el mediano plazo. “Considera la Defensoría que el anunciado incremento en tasas de interés no constituye una medida suficiente para salvaguardar el bienestar de la población pues, obedece a un enfoque macroeconómico que no contempla sus efectos perversos sobre las clases de ingresos medios y bajos, así como las micro y pequeñas empresas que se encuentran altamente endeudadas”, precisó la Defensoría en un oficio dirigido a los jerarcas del Banco Nacional, Banco de Costa Rica; y Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Considera este ente defensor que el incremento en las tasas de interés encarecerá el crédito y hará que aquellos hogares ya endeudados deban disponer de una mayor parte de su presupuesto para el servicio de su deuda, limitando aún más los recursos disponibles para satisfacer necesidades básicas. Asimismo, podría ocasionar el cierre de pequeñas empresas que se encuentran endeudadas y enfrentan problemas de solvencia con lo cual se agudiza el problema del desempleo.
Según el estudio: “Endeudamiento de los hogares costarricenses” de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), el 74% de las personas entre los 18 y los 65 años tienen comprometidos partes de sus ingresos con alguna deuda y, de ese grupo, alrededor de un 20% tiene compromisos de pago que representan el 62,5% o más de sus ingresos mensuales. En algunos casos, señala la OCF, el porcentaje de compromiso supera el 150% y hasta el 300% sobre sus ingresos; es decir, sus pagos destinados a deudas representan más de lo que ganan por mes. En razón de lo anterior, para la Defensoría es fundamental conocer si los Bancos estatales han considerado, dentro de sus políticas crediticias, el diseño de una estrategia para que las micro y pequeñas empresas, así como los hogares de salarios medios y bajos, que mantienen préstamos con estos Bancos, puedan hacer frente al aumento en sus cuotas sin comprometer su operación y el bienestar de sus familias.
“Nos interesa la información sobre las medidas que el banco está tomando como, por ejemplo, la renegociación de las condiciones de los créditos sin afectar el récord crediticio de los solicitantes, readecuación, refinanciamiento, ampliación de plazos, condonación de una proporción de las deudas para evitar que los acreedores incurran en insolvencia o diferir el incremento de las cuotas a través del tiempo, etc”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, en el oficio enviado.
Crespo Sancho agregó que no debe obviarse que sectores importantes de la población actualmente soportan un alto desempleo, pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, bajo nivel educativo, carencia de vivienda propia, discriminación, limitado acceso a bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, alrededor de un millón de personas laboran en el sector informal y micro y pequeñas empresas con bajas remuneraciones, situación que les impide cotizar en el Régimen de Seguros del IVM y disfrutar de una pensión digna en el momento de la jubilación.
“Como Institución Nacional de Derechos Humanos, vemos con preocupación la adversa situación económica que atraviesa nuestro país; primero por la emergencia sanitaria de los dos últimos años debida a la COVID-19 y, en estos días, por los lamentables acontecimientos internacionales que repercuten de forma negativa en nuestra economía por el encarecimiento de los combustibles y la escasez de materias primas”, manifestó Crespo Sancho.
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