Durante el 2022 la Defensa Pública en materia laboral brindó asesoría y representación legal gratuita, durante el año anterior, principalmente en casos de cobros de horas extras, despidos injustificados y mujeres embarazadas.
Se atendieron exactamente 16.658 casos, 9364 son hombres, 7293 mujeres. De estos, 975 son adultos mayores, 392 menores de edad, 344 personas con discapacidad, 2.404 personas migrantes, 152 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como 85 personas indígenas, entre otros.
“Con la reforma laboral se reconoció por primera vez en la historia nacional, el derecho de las personas trabajadoras a contar con asesoría legal gratuita en materia laboral, brindada por el Estado. Este acompañamiento representó una reducción de las barreras que generaban desigualdad de armas en el acceso a la justicia laboral de las personas más vulnerables de este país y un caminar en sintonía con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, señaló el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.
En cuanto a las estadísticas que reflejan la necesidad del servicio, se registra que, tras cinco años de la reforma laboral, la Defensa Pública atendió en ventanilla aproximadamente a 423.648 personas trabajadoras.
La supervisora en materia laboral, Ana Briceño Yock, explica que, a finales del año pasado y principios de este año, las personas trabajadoras se han acercado hasta las oficinas de la Defensa Pública de todo el país, principalmente para ser asesorados en asuntos de despidos y para la atención de dudas sobre los derechos laborales que deben de pagarles.
Las zonas con mayores casos interpuestos durante el 2022 son: San José, Cartago y Alajuela.
La institución recuerda que existen 74 personas defensoras públicas en material laboral, ubicadas a nivel nacional que brindan asesoría y patrocinio gratuito a todas aquellas personas trabajadoras que ganen menos de ¢806.800 o se encuentren dentro de alguno de los siguientes supuestos: sufren discriminación en el empleo, son mujeres trabajadoras despedidas en estado de embarazo o en lactancia, sufren o han sufrido hostigamiento sexual, han sufrido un riesgo laboral, se les ha denegado el disfrute de una pensión, han sido despedidas sin el debido proceso en los lugares que existe un procedimiento administrativo para el despido y éste no se realizó correctamente, son familiares de personas trabajadoras fallecidas, están siendo acusadas de cometer una infracción a las leyes de trabajo o previsión social o se trata de menores de edad.
Si usted le interesa conocer más del servicio, puede visitar la página web de la Defensa Pública: https://defensapublica.poder-judicial.go.cr/index.php/asesoria-legal/laboral
