Los líderes Celimo Guido, de Rescate Nacional y Víctor Soto, de la organización Justicia Para Todos, han comenzado a organizar una jornada de información a nivel nacional para empoderar a las comunidades fuera de las redes sociales. A través de visitas directas, buscan capacitar a los ciudadanos y fomentar el debate público sobre la Agenda 2030 y sus implicaciones.
Mientras tanto, el presidente Rodrigo Chaves ha estado tratando de desacreditar y silenciar las voces disidentes de profesionales en diversas áreas, tanto legales como médicas. Ya se observan esfuerzos en algunos medios tradicionales para desacreditar a estos críticos.
La gestión de Chaves como presidente ha generado crecientes dudas sobre posibles actos de corrupción. Su actitud evasiva ante los medios de comunicación y la contralora general de la república ha levantado sospechas. Chaves evita respaldar con pruebas los argumentos que presenta en sus discursos semanales y, cuando es cuestionado en temas como un debate con la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, opta por atacar y denigrar en lugar de participar en un debate público que esclarezca la veracidad de la información proporcionada por sus asesores. Esto plantea la posibilidad de que esté siendo inducido a errores debido a conflictos de intereses o incluso actos de corrupción dentro de su administración.
Ante esta censura hacia quienes piensan diferente al presidente, los líderes sociales han decidido compartir información oficial de las páginas de las organizaciones mundiales para contrarrestar la narrativa de la administración pública. Denuncian la falta de transparencia y el control político, particularmente en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, donde podrían existir actos de corrupción y delitos contra la vida, como antes lo mencionamos, gastan mas tiempo en desacreditar que en poner a debate y en frente de quienes los cuestionan, con acciones evasivas que podría ser señal de que no pueden respaldar las decisiones tomadas.
Se ha consultado a los grupos sociales sobre la ausencia de protestas en el Ministerio Público para exigir al Fiscal General una investigación sobre posibles delitos de crimen organizado en la administración pública. Señalan la falta de probidad y transparencia durante la pandemia pasada como una de las razones de su descontento, pero extrañamente no obtuve una respuesta a la pregunta.
Estos posibles actos de corrupción y conflictos de intereses podrían poner en riesgo la soberanía nacional, ya que los involucrados en estos contratos podrían estar cometiendo abusos no investigados, costando millones de dólares en impuestos a los costarricenses. La evasión y elusión fiscal siguen siendo problemas sin atender, afectando gravemente a la clase trabajadora del país.
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