Costarricenses deciden cada vez más no informase de la realidad del país, buscan esconder la cabeza como un avestruz asustado pero evadir la realidad no los exime de las consecuencias que van a tener que vivir por no estar organizados como comunidad.
Ideologías han separado a la población sin entender que todo lo que se logró en el pasado y que hoy estamos perdiendo, en favor de la democracia, se debe a que los costarricenses trabajaron juntos y se pusieron de acuerdo para respaldar los derechos y libertades de los ciudadanos.
Pero, a pesar de las múltiples leyes que se vienen aprobando, sumado a la penetración de la mafia y el narco en nuestra administración pública, la realidad se parece cada vez mas a la de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otros.
En este momento hay personas, entre ellas funcionarios públicos, que piensan y dicen: “YO SÓLO SIGO ÓRDENES”, lo que no es sano, ya que expresa su renuncia a la sana crítica y el libre pensamiento sobre las órdenes que recibe. Es muy probable que esta persona haya sido adoctrinada para realizar acciones sin pensar en las consecuencias. La libertad de crítica y pensamiento no exime de su ejercicio de análisis a los funcionarios públicos, quienes por ley deben seguir las reglas de la sana crítica y la razonabilidad con respecto a sus actos, vengan o no de superiores.
Nadie puede decir que desconoce la ley, mucho menos los funcionarios públicos.
Mientras la población se desgasta en ideologías y discusiones que no llevan a nada, en nuestra Asamblea Legislativa se presentan proyectos de Ley que extrañamente las autoridades no estan frenando y que afectan los derechos de todos. Por ejemplo, la “Ley de objeción de conciencia”. Han existido otras como la Ley Antihuelgas que limita el ejercicio ciudadano de protesta, pero para entender mucho mejor las implicaciones de esto, vamos a poner un ejemplo.
En toda la tierra hay millones de personas, estas se organizan por el poder de las armas o en forma democrática, como ha sido el caso de Costa Rica, en donde todos los ciudadanos elegimos a un grupo de ciudadanos para administrar los reursos y servicios públicos en favor del interés público y el resguardo de las garantías y derechos individuales.
Estos funcionarios no deben gobernar en beneficio propio, o por ligámenes a intereses económicos, pues atenta contra las bases de la democracia.
De aprobar leyes en contra de la Constitución Política o en contra de las libertades y derechos de la ciudadanía, estarían cometiendo delitos de lesa patria, entre otros.
También, los funcionarios que acepten tratos internacionales en contra del bienestar de la ciudadanía, estarían cometiendo delitos de traición a la patria, entre otros.
Hoy en día diversas acciones de muchos políticos en los últimos gobiernos están siendo y han sido puestas en tela de duda.
Esto lleva a que los grupos de interés, así como los grupos de corrupción, se vena obligados a manipular la opinión pública, creando proyectos de ley con doble intención, de modo que, por un lado dan la impresión de ser algo favorable para la mayoría, aunque al final sólo beneficia a minorías que muchas veces financiaron campañas políticas y con intereses cuestionables.
Una muestra de dicha manipulación es la falta de avances en casos de corrupción de gran embergadura, en donde jueces, magistrados, entre otros funcionarios de la administración de justicia, podrían estar recibiendo dádivas en paraísos fiscales o recibiendo beneficios en especie e incluso atemorizados por amenazas, como fue el caso de la ex presidente ejecutiva del BCR, donde incluso los casos son llevados a trámites como archivar expedientes en espera de que se venzan los plazos.
En este proceso, es preocupante la penetración del narcotráfico, donde en ocasiones se han apagado scanner en puertos y fronteras para detectar drogas, o situaciones muy extrañas como cuando Seguridad Pública custodió el paso de contenedores desde Panamá hasta Nicaragua en media pandemia. Causa preocupación que a pesar de una gran cantidad de cargamentos de narco-piñas, no existe detenciones de empresarios o empleados que cuentan con la trasabilidad digital y documental de las cargas, entre otras acciones que al no hacerse generan incertidumbre en la ciudadanía de si existe o falta de investigación o falta de interés en atender esta problemática, o qué es lo que realmente sucede.
Las muertes por sicariato van en aumento, al igual que los robos en comercios, también la pérdida de derechos en instituciones públicas, las ordas de troles en redes sociales, campañas de monólogos de autoridades para impulsar una inoculación de la que hasta el momento sus pregoneros no aceptan un debate público y se parece cada día más al caso internacional Odebrecht.
¿Pero cómo hacer para despertar a la ciudadanía que decide no informarse?
¿Cómo despertar a la ciudadanía que decide no leer y que prefiere que un medio de comunicación le diga que pensar?
¿Cómo despertar un medio de comunicación que sin la necesidad de entretenimiento pueda proveer a los costarricenses de una información oportuna?
Muchos costarricenses incluso dicen abiertamente que los medios de comunicación manipulan la información, pero no pasan de ahí, pues los siguen consumiendo. Se práctica una crítica y opinión sin acción, mientras quienes manipulan el sistema utilizan millones de colones en recursos todos los meses para seguir ofreciendo al consumidor de contenido noticias de esa línea dudosa.
Mientras, muchos costarricenses se atrincheran en redes sociales de entretenimiento, en juegos virtuales, mientras se cambian leyes, reglamentos y normativas que restringen cada vez más los derechos constitucionales, que ignora cada vez más los derechos humanos universales, los cuales son inalienables.
La falta de interés de los grupos que son mayoría en Costa Rica aumenta la posibilidad de vulnerabilidad a la implantación de una Dictocracia, osea, la simulación de una democracia con las prácticas de una dictadura.
Por eso, organizar al pueblo para analizar el comportamiento de los funcionarios públicos, y generar herramientas constitucionales para enjuiciar a funcionarios públicos que comenten delitos de lesa patria y de traición a la patria, es una necesidad de extrema urgencia.
Los mismo pequeños y medianos empresarios deben despertar del sistema de empobrecimiento al que pueden inducirlos incluso llegando a perder la propiedad privada, como ya ha sucedido en otros países.
El pueblo necesita organizarse desde todas las comunidades a nivel nacional, analizar y desarrollar propuestas como las de www.pazcr.com que buscan una salida pacífica, donde el derecho de autodeterminarnos como sociedad debe ser una prioridad y no una ilusión.
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