Costa Rica y la sombra de la violencia ¿hasta dónde llega el deber del Estado?
Opinión | Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad que amenaza con redefinir su imagen histórica de paz. A menos de cuatro meses de concluir el 2025, el país suma ya 559 homicidios dolosos, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), superando los 553 que se registraban en la misma fecha en 2024. Si la tendencia se mantiene, el país podría cerrar su tercer año más violento, después de los trágicos récords de 2023 (905 homicidios) y 2024 (880).
Las estadísticas son contundentes:
- San José, Limón y Puntarenas concentran la mayor cantidad de asesinatos.
- El ajuste de cuentas ligado al narcotráfico explica más de 400 casos en lo que va del año.
- El arma de fuego es el medio predominante, con 448 homicidios en 2025.
- La mayoría de víctimas son hombres jóvenes entre los 18 y 39 años, en plena edad productiva.
La violencia en Costa Rica dejó de ser episódica: hoy es estructural.
La Constitución y el deber del Poder Ejecutivo
En este contexto, resulta inevitable revisar el artículo 140 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece las atribuciones que el Poder Ejecutivo debe ejercer en conjunto con el respectivo ministro.
Dos incisos cobran especial relevancia:
- Inciso 6: “Conservar el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas.”
- Inciso 16: “Velar por el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.”
Estos mandatos no son retóricos: obligan al Presidente y a su gabinete a garantizar seguridad, paz social y eficiencia en la administración pública, especialmente en instituciones vinculadas a justicia y seguridad ciudadana. Dicho de otra forma: la seguridad no es una concesión del Ejecutivo, es un deber constitucional.
¿Está cumpliendo el Estado con este mandato?
Las cifras invitan a una reflexión crítica. Costa Rica se ha convertido en un corredor logístico del narcotráfico internacional, lo que ha derivado en un auge de la violencia letal. El propio director del OIJ, Randall Zúñiga, advierte que la mayoría de homicidios responden a disputas entre bandas por territorios y rutas de droga.
Sin embargo, más allá del factor criminal, el deterioro refleja también omisiones del Estado en su rol constitucional, como si nos indujeran a una crisis social similar al de Venezuela:
- Falta de control efectivo en puertos y fronteras.
- Escasa inversión en programas sociales y de prevención en comunidades costeras como Limón y Puntarenas.
- Instituciones de seguridad debilitadas frente al poder económico del narcotráfico.
- Un sistema penitenciario colapsado, incapaz de rehabilitar y mucho menos de contener la criminalidad organizada.
¿La respuesta? Entre prisiones y prevención
El gobierno ha respondido con el anuncio de la construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño. Según Reuters, la obra pretende aumentar en un 40% la capacidad carcelaria y aislar a líderes de bandas criminales.
Pero esta medida, aunque necesaria en lo inmediato, plantea dilemas constitucionales:
- ¿Cumple realmente con el inciso 6 del artículo 140, al garantizar orden y libertades públicas, si al mismo tiempo se pone en riesgo el respeto a derechos humanos?
- ¿Responde al inciso 16, cuando el sistema judicial y penitenciario arrastra décadas de rezago y corrupción administrativa?
El caso del exministro Celso Gamboa, requerido por la DEA por presuntos vínculos con el narcotráfico, ejemplifica cómo la criminalidad ha permeado estructuras de poder, debilitando la confianza en el Estado (El País).
La violencia que vive Costa Rica no puede combatirse únicamente con represión y cárceles. El artículo 140 de la Constitución es claro: la obligación del Ejecutivo es conservar la tranquilidad nacional y velar por el funcionamiento de sus instituciones.
Eso significa que la lucha contra los homicidios debe ir más allá de capturas espectaculares y nuevas prisiones. Requiere:
- Fortalecer la inteligencia policial y control portuario, para asfixiar la logística del narcotráfico.
- Invertir en prevención social, especialmente en las comunidades jóvenes más expuestas a ser reclutadas por bandas.
- Modernizar la gestión pública (inciso 16), asegurando que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficiencia y sin corrupción.
- Reforzar la cooperación internacional, pues Costa Rica es un eslabón del crimen regional y no un fenómeno aislado.
Costa Rica está en un punto de inflexión: o reafirma su compromiso constitucional de garantizar seguridad y libertades públicas, o seguirá cediendo terreno a la violencia.
El artículo 140 no es solo un mandato legal: es un recordatorio de que la seguridad ciudadana es el cimiento de la democracia costarricense. Cumplirlo a cabalidad no es una opción, es la diferencia entre preservar el país de paz que fuimos, o resignarnos a una nación dominada por la violencia.
Por Gerardo Ledezma.
