Costa Rica necesita frenar la confrontación entre poderes y recurrir a la OEA antes de que la crisis escale

Opinión | Costa Rica está entrando en una zona de peligro. El país ha sido históricamente un referente de paz y estabilidad democrática en América Latina, pero hoy enfrenta un conflicto político sin precedentes en tiempos recientes: los tres principales poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— han entrado en una dinámica de confrontación pública, acusaciones mutuas de delitos, descalificaciones y bloqueos institucionales. Esta situación no solo erosiona la credibilidad de las instituciones, sino que alimenta un clima de polarización social que, si no se detiene a tiempo, puede tener consecuencias graves para la estabilidad del país.

La democracia no es solo el ejercicio del voto cada cuatro años. Es también el respeto entre poderes, la cooperación institucional, y la existencia de mecanismos para resolver diferencias dentro del marco legal y constitucional. Cuando ese equilibrio se rompe, o se ve amenazado, corresponde actuar con responsabilidad. En este momento, es imprescindible evitar que esta crisis derive en un enfrentamiento de mayor escala entre sectores políticos, sociales o incluso entre ciudadanos.

El rol de la OEA: una herramienta regional para prevenir el colapso institucional

Ante situaciones de crisis política o institucional, los países del continente cuentan con un mecanismo previsto en la Carta Democrática Interamericana, suscrita en 2001 por todos los Estados miembros de la OEA, incluido Costa Rica. Esta carta establece que cualquier alteración grave al orden democrático —como lo es una confrontación abierta entre poderes del Estado que impida el normal funcionamiento institucional— puede ser atendida a través de misiones especiales de la Organización de los Estados Americanos.

Además, la OEA puede enviar misiones de observación, facilitadores de diálogo, o comisiones de alto nivel, siempre que exista una solicitud formal de parte del Estado o de alguno de sus órganos legitimados. Este tipo de acompañamiento externo no constituye una injerencia, sino un apoyo técnico y diplomático para garantizar el respeto al orden constitucional y evitar el deterioro institucional.

¿Quién puede solicitar la intervención de la OEA?

En el caso costarricense, la solicitud puede ser realizada por:

• El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• La Asamblea Legislativa, mediante una resolución que inste formalmente al Poder Ejecutivo o a la OEA.
• El propio Poder Judicial, si considera que la institucionalidad está en riesgo, puede elevar una comunicación a través de canales diplomáticos o por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José.
• Organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, universidades, defensores de derechos humanos o colegios profesionales, pueden enviar solicitudes a la Secretaría General de la OEA o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exponiendo los hechos y pidiendo su intervención.

¿Cómo se activa el mecanismo?

Una vez recibida la solicitud o si el Consejo Permanente de la OEA interpreta que la situación lo amerita, puede convocarse una sesión extraordinaria en la que se decida:

1. Enviar una misión exploratoria para evaluar la situación institucional.
2. Ofrecer mediación directa entre los poderes enfrentados.
3. Emitir resoluciones diplomáticas exhortando al respeto institucional.
4. En casos extremos, incluso puede convocarse una reunión de cancilleres o aplicar medidas políticas, como sanciones o suspensiones temporales, si se llegara a configurar una ruptura democrática grave.

Ninguna de estas opciones implica pérdida de soberanía. Todo lo contrario: se trata de evitar que la crisis escale hasta un punto en el que el conflicto institucional se traslade a las calles o genere consecuencias irreversibles.

Llamado a la cordura

El pueblo costarricense no está pidiendo más enfrentamientos. Está esperando soluciones. Es momento de que los actores políticos, especialmente los que ocupan cargos de poder en los tres órganos del Estado, dejen de lado sus intereses coyunturales y privilegien la estabilidad del país. Acudir a la OEA no es una señal de debilidad, sino una muestra de madurez democrática.

El tiempo corre. Si las instituciones no se dan la mano ahora, puede que pronto ya no estén en condiciones de hacerlo. Costa Rica no puede darse el lujo de poner en riesgo su democracia por falta de voluntad política. La herramienta regional existe. Solo falta usarla.