En primer lugar, pido al lector que me disculpe por mi expresión “prensa presa” si produce choque al pronunciarse, pero más preocupación deriva en la nueva intentona de la dictadura “narco-tica” que se afana en violar los derechos a todos los costarricenses. Ahora mediante la mordaza se nos quita el derecho de la prensa a investigar los casos de corrupción, impidiendo denunciarlos y así se garantiza impunidad perpetua a la mafia “polí-tica”. Esto demuestra nuestra tesis de la extinción de la democracia costarricense, la cual ahora sólo se encuentra en los libros de historia como un viejo recuerdo del pasado de algo que perdimos ¡por no saber defenderlo como sí lo hicieron nuestros valientes abuelos en 1948! Y el pueblo amarrado con el bozal obligatorio está paralizado muerto de miedo viendo como hoy el combustible llega a casi los 1000 colones por litro, el dólar con el precio histórico más alto, la deuda del Gobierno Central a 42.436 millones de dólares (70,37 % del PIB según la Agencia EFE) y miles de casos de corrupción que todos los días son denunciados y que los responsables nunca tocan la cárcel, la cual sólo está destinada para pobres y para los enemigos del régimen opresor.
Pero, la persecución contra la prensa no es reciente. El denominado 4º poder de la República sufrió la pérdida de tres periodistas en La Penca y varios más heridos, en 1984. Luego Costa Rica se conmocionó con el cobarde asesinato del periodista Parmenio Medina en 2001, famoso integrante del ”escuadrón antichorizos” y que combatió con todas sus fuerzas a la dictadura desde su trinchera llamada “La Patada”. Poco después, en 2003, la reportera Ivannia Mora Rodríguez fue baleada y asesinada mientras conducía su automóvil en Curridabat. Paralelamente, la persecución contra los periodistas de denuncia y en general contra la libertad de prensa fue una constante. Al respecto, mediante el soborno con pautas gubernamentales, la compra de reportajes, la designación de periodistas de ciertos medios comunicación tradicionales como encargados de prensa de instituciones públicas, la concentración de la publicidad de los partidos políticos en ciertos medios y por ende de los recursos de la deuda política, junto a una serie de reformas jurídicas hicieron que el periodismo de denuncia sea una práctica casi extinta y unos medios pasaron a ser la oficina de prensa de la dictadura, dibujando un país de fantasía, lleno de narconovelas para exaltar al régimen y engañar al pueblo costarricense haciéndolo pensar que vive en una falsa democracia, donde sólo tiene el derecho a berrear y luego aceptar como dócil paloma el abuso del poder, lo cual es cosa cotidiana. Como consecuencia, quien denuncia en Costa Rica tiene asegurada la persecución, la cárcel, la pobreza, el desempleo o cualquier otro fin que se le ocurra al dictador de turno. En este sentido, los nuevos periodistas son casi escribanos que tienen que obedecer a lo que digan los dueños de los medios de comunicación y sometidos a los políticos asociados a sus intereses. De todo lo anterior, nadie se atreve a decirlo y se da la apariencia internacional de que todo está en orden en la otrora “Suiza centroamericana”, siendo los mismos medios los que son obligados a repetir esa mentira, engañando a los costarricenses y a los extranjeros.
Los políticos se han encargado de quitar a los periodistas que alzan la voz contra la corrupción. Por ejemplo, en 1999, José Rodolfo Ibarra fue despedido supuestamente por los comentarios que hizo en el programa NC4 Sucesos sobre el aumento salarial del entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez. Ante esto, Ibarra presentó un recurso de amparo contra la televisora Tele América y la Sala IV le dio la razón al reportero (La Nación, 13/9/2002) y cabe destacar que Ibarra fue presidente del Colegio de Periodistas en 2012 y 2013. Desde esa posición gremial este paladín de la libertad de prensa denunció una reforma legal que imponía cárcel a periodistas que revelaran «secretos políticos» (Tania Lara, LatAm Journalism Review, 15/7/2012), además, la directriz DC-BR-103-2014 con el fin de controlar los contenidos de las informaciones que estarían disponibles sobre las actividades del gobierno para la prensa (Diario Extra, 23/10/2014). En ese mismo año, Diario Extra revela la labor de espionaje de la cual fue víctima y que quedó evidenciada en más de 200 páginas del expediente No.13-000115-1219-PE, para detectar quiénes habían sido las fuentes de información de los periodistas y que implicó el supuesto uso “de agentes de la Fiscalía de Crimen Organizado, la sección de Estupefacientes y hasta encomendaron a la Oficina de Análisis Criminal el estudio del espionaje telefónico” (Diario Extra, 20/01/2014). Luego en el gobierno de Luis Guillermo Solís del PAC, en 2017, como consecuencia del “Cementazo” se amenazó desde Casa Presidencial a los que investigaban y por ende daban a conocer a la ciudadanía la mentira de la “casa de cristal” con la frase “los tengo identificados, sé quienes son” (CRhoy, 28/8/2017). Incluso el gobierno inventó un Ministerio de Comunicación, que hasta hoy no se sabe cuál es su función.
Para 2018, sube al poder el periodista Carlos Alvarado quien dijo “si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista” (Tatiana Gutiérrez, AMPrensa 23/11/2020) denigrando así la labor de la prensa. Durante 2019, fue constante la intromisión gubernamental en los medios de prensa, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la resolución 228/2018 de la Oficina de Control de Propaganda emitida contra DIARIO EXTRA “como una intromisión a la línea editorial, una decisión errónea por confundir definiciones y un intento de imposición de contenido” (Diario Extra, 10/01/2019). Además, sorprendió un “planteamiento hecho en Corte Plena por parte de una magistrada en el sentido de posibilitar la intervención de los teléfonos de los periodistas que laboran para el Poder Judicial, con el fin de determinar quién es su fuente y, de esta forma, según esa autoridad judicial, poder enfrentar la fuga de información que estaría haciendo que la prensa esté en el sitio de un operativo incluso antes de la llegada de la policía” (Wilberth Quesada, La República, 17/2/2020). Justo a inicios de 2020 el país se ve sacudido por el escándalo de espionaje a través de la UPAD, que implicó el allanamiento de la Casa Presidencial. En ese sentido la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que:
- El gobierno creó una oficina llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) para investigar las conversaciones y reuniones entre personas, lógicamente entre periodistas y política. La Fiscalía investiga y analiza la legalidad de esta oficina.
- Sigue activo en el Poder Legislativo el proyecto de ley de Extinción de Dominio.
- El ministerio de Comunicación se dio a la tarea de desmentir las noticias que no son de agrado al gobierno diciendo que son fake news.
- Existe otro proyecto de ley pretende quitar el secreto profesional a los periodistas (Diario Extra, 7/04/2020)
La llegada del COVID-19, en marzo de 2020 y aún vigente, fue el pretexto ideal para que desde el gobierno se establecieran la suspensión de facto de libertades individuales y de garantías fundamentales mediante un cuestionable decreto de emergencia con supuestas justificaciones de salud pública y una serie de medidas como la restricción vehicular sanitaria, el confinamiento de la población y una casi absoluta censura a quienes difieren de la posición gubernamental. Incluso, “la Sala Constitucional condenó al ministro de Salud, Daniel Salas, por negar datos a la prensa relacionados con el manejo de la pandemia” (Monumental, 4/8/2020). El látigo gubernamental llevó a obligar a la prensa a comparecer religiosamente a la eterna conferencia diaria de mediodía en Zapote para delirantemente promover el estado de emergencia y la psicosis pública. Debido a la lógica efervescencia popular y las muestras de repudio contra las medidas gubernamentales de mano militari, se dieron sendas manifestaciones públicas durante prácticamente toda la administración Alvarado. En respuesta, las cabezas de seguridad del Estado implementaron un estado policiaco para arrestar disidentes, opositores, incluso teniendo como objetivos a periodistas. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó al Ministerio de Seguridad Pública por violar los derechos constitucionales de libertad de tránsito y libertad de prensa en perjuicio de la comunicadora Stella Chinchilla durante una manifestación que tuvo lugar en Ochomogo, Cartago, el 29 de octubre de 2020. Según informó la Oficina de Prensa de la Sala, los magistrados resolvieron mediante la sentencia 2020-21939 que la periodista Chinchilla fue aprehendida arbitraria e injustificadamente por la Policía… siendo que la comunicadora estaba:
“reprochando a los accionados (los policías) el aparente maltrato de una persona con discapacidad, no menos cierto es que esa actuación no llegó a tal grado de intensidad como para sostener que se estuviere obstaculizando el cumplimento de la función policial. Por el contrario, con el video aportado se evidenció que fueron los oficiales de Policía quienes obstruyeron a la amparada en el ejercicio de su labor periodística. La Sala también tuvo por probado que la amparada se identificó como periodista y portaba un gafete con tal indicación”, como lo dijo Paul Rueda Leal, magistrado instructor del caso (Luis Manuel Madrigal, Delfino.cr, 13/11/2020)
Durante las protestas varios periodistas, en especial de medios alternativos e independientes como CRPRENSA, fueron arrestados, golpeados y amenazados por el aparato de seguridad del Estado que inclusive infiltró las manifestaciones y no promovió un verdadero proceso de dialogo. Incluso, el Diario Extra informó el 20/4/2020 que: ”los atropellos a la libertad de prensa se gestan desde Casa Presidencial, según el informe de la SIP”. Incluso, hoy las agresiones a CRPRENSA y a otros medios independientes no cesan, mediante sabotajes de plataformas de comunicación, uso de trolls centers, amenazas, bloqueo para imposibilitar concursar por pauta pública y más recientemente el encarcelamiento de líderes de opinión y periodistas asociados a la organización, considerándose presos políticos por denunciar la corrupción.
Para 2022, la elección presidencial demostró la segunda parte de la campaña de odio incentivada desde trolls centers para mover a las masas, tal y como ocurrió en 2018, y justo en la última semana de la legislatura, en abril de 2022, los diputados salientes nos sorprenden aprobando en segundo debate una ley que haría que “la ciudadanía y los medios de comunicación y ciudadanía no puedan tener datos o investigar sobre ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Además, se impide la investigación de delitos judiciales o administrativos. El plan detalla que toda información contenida en un expediente administrativo o judicial será confidencial y de ella no se podrá indagar o darla a conocer a la luz pública. Finalmente, limita el ejercicio de la prensa prohibiendo la publicación de cualquier información de carácter tributario, expedientes administrativos, auditorías, procesos disciplinarios, expedientes en trámite y las resoluciones administrativas” (Extra, 3/5/2022). Lo anterior provocó la reacción de protesta de diversos periodistas, incluso del Presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano y que hoy inspira este artículo de opinión.
A título personal, expreso mi indignación con la consumación de una ley mordaza que ya en el pasado se ha intentado realizar por parte de la clase política de la dictadura, que queda evidenciado con todos los antecedentes que menciono y con el único fin de querer silenciar las voces disidentes. Hoy me corresponde defender a tantos que con su denuncia hacen que los casos de corrupción salgan a la luz pública, que se busque sancionar a los corruptos, que han luchado por exigir renuncias de malos jerarcas y han fomentado el escrutinio público de pésimos funcionarios que están llamados a dar rendición de cuentas. La Constitución Política de Costa Rica, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del 2000, la Declaración de Chapultepec adoptada en 1994 y la abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional reconocen los derechos a la libertad de expresión y a la información. Por lo tanto, mi llamado respetuoso es para exigir el veto los incisos d), g) y K) del artículo 8 de la paradójica nueva Ley General de acceso a la información pública porque atentan directamente contra la libertad de prensa. Mi pedido lo hago público y antes de que nos prohíban pensar y/o hablar. Costa Rica por favor reacciona y apoya a medios como CRPRENSA antes de que sea demasiado tarde, luego nuestros hijos dirán por qué no hicimos nada.
Fuentes:
AmPrensa, José Rodolfo Ibarra solicita al Colper abrir procedimiento por ética al Presidente, https://amprensa.com/2020/11/jose-rodolfo-ibarra-solicita-al-colper-abrir-procedimiento-por-etica-al-presidente/
CRhoy, Presidente a quienes investigan el cementazo: “Los tengo, https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-a-quienes-investigan-el-cementazo-los-tengo-identificados-se-quienes-son/
Extra, Presentarían recurso de amparo contra Ley mordaza, https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/475178/presentar-an-recurso-de-amparo-contra-ley-mordaza
Extra, Preocupación por UPAD sigue latente, https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/415656/preocupacion-por-upad-sigue-latente?fb_comment_id=2745973602165487_2746511078778406
Extra, C.R. denuncia atropellos a la libertad de prensa, https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/474301/c-r-denuncia-atropellos-a-la-libertad-de-prensa
Extra, Poder judicial espía periodistas, https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/223266/poder-judicial-espia-periodistas
Extra, SIP denuncia intromisión de Gobierno en DIARIO EXTRA, https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/379303/sip-denuncia-intromision-de-gobierno-en-diario-extra
Diario Extra, “Sería imposible controlar 400 periodistas”, https://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/244361
La Nación, Repretel y periodista conciliarán, https://www.nacion.com/el-pais/repretel-y-periodista-conciliaran/R4AYATAZEFB5TJAJCSFQ4FCNNY/story/www.elfinancierocr.com
Luis Manuel Madrigal, Delfino.cr, Sala IV condena a Fuerza Pública por detener a comunicadora durante manifestación en Ochomogo, https://delfino.cr/2020/11/sala-iv-condena-a-fuerza-publica-por-detener-a-comunicadora-durante-manifestacion-en-ochomogo
Tania Lara, Nueva ley en Costa Rica impone cárcel a periodistas que revelen «secretos políticos»Nueva ley en Costa Rica impone cárcel a periodistas que revelen «secretos políticos» en https://latamjournalismreview.org/es/articles/nueva-ley-en-costa-rica-impone-carcel-a-periodistas-que-revelen-secretos-politicos/
Wilberth Quesada, La República, La lucha contra la delincuencia no puede ser justificación para atacar la libertad de prensa, https://www.larepublica.net/noticia/la-lucha-contra-la-delincuencia-no-puede-ser-justificacion-para-atacar-la-libertad-de-prensa
Opinión de Miguel Gutiérrez Pizarro
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