La Corte Plena de forma unánime aprobó en la sesión de este lunes 8 de mayo de 2023 un salario global transitorio a todas las categorías de puestos existentes en el Poder Judicial.
La decisión de las autoridades judiciales forma parte de las acciones que emprende la institución para dar cumplimiento a la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) vigente desde el 10 de marzo 2023.
El acuerdo se toma considerando los parámetros que establece el artículo 36 de LMEP, que señala que la política de remuneración debe garantizar que los salarios se mantengan competitivos y combatir con ello la fuga de personal, así como potenciar la atracción de nuevo talento.
Para este Poder de la República los cambios en las condiciones salariales deben guardar un justo equilibrio para evitar la fuga de personal idóneo, capacitado y con la experiencia adquirida en las diferentes áreas que permite brindar un servicio público de calidad. La cantidad de renuncias a la fecha registran 586 personas, dato contabilizado a partir del año 2019, luego de que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La propuesta adoptada no compromete la disponibilidad presupuestaria y se ajusta a los recursos existentes para el pago de los salarios.
“Para el Poder Judicial es vital contar con el personal idóneo en el desempeño de la función constitucional de administrar justicia, en donde la remuneración salarial garantice la permanencia de la clase trabajadora actual que aportan experiencia y conocimiento en el quehacer judicial y que permita atraer los mejores profesionales y personal técnico de nuevo ingreso”, así lo puntualizó la Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez.
Las clases de puestos se organizaron en 10 agrupaciones: operativa auxiliar, asistencia y técnica, técnica jurisdiccional, jefaturas-coordinadores y profesionales, apoyo al escalafón policial, escalafón policial, defensores públicos, fiscales, jueces y estrato gerencial.
La escala de salario global para cada agrupación se fijó a partir de una metodología técnica de valoración por puntos, aplicada por la dirección de gestión humana en atención a lo exigido en la Ley Marco de Empleo Público.
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