Desde nuestras autoridades de salud, hasta las universidades que dicen desmentir las advertencias de grupos científicos disidentes, no se han basado en principios científicos, sino en posibles ideologías personales o en lo que leyeron en una revista.
Si, así como lo lees, una revista, la misma en la que muchos gobiernos se basaron para instaurar una obligatoriedad, de esta primer publicación donde se tomó la información en forma parcial, osea, se tomó solo lo que les servía para impulsar la sustancia, y se ignoró la información que pone en riesgo la vida humana, no solo de los niños y adultos, sino también de los no nacidos.
Lo preocupante, es que ningunos de los procesos requeridos normalmente para la inclusión de la sustancia fueron seguidos, y solo se ignoró constitución, leyes y reglamentos, así como acuerdos internacionales, unicamente con un decreto de emergencia… ¿tiene una segunda parte?.
Y es que la misma publicación de la revista medica, indicaba que las mujeres embarazadas con veinte semanas de gestación, tienen un 82% de probabilidades de aborto, mientras una mujer con trece semanas de gestación tiene una probabilidad de un 91% de aborto.
El consentimiento informado ha estado ausente, y se utilizó el estrado político para impulsar la sustancia experimental como una vacuna, ya que así lo promovieron en el contrato. Además, los cambios en las fechas de expira de las sustancias es una muestra de que se trata de un estudio clínico en vivo. Así lo viene denunciando el grupo Bicentenario.
¿Se utilizó terrorismo de estado? Esto es algo que por desgracias, las autoridades judiciales no confirmarán, ya que ellos mismos han rechazado recursos de amparo basados en el decreto de emergencia, justificando el bienestar de la mayoría, sin embargo, y muy preocupante…
Esta debilidad jurídica, ¿puede ser utilizada por la mafia internacional?, como la que ha sometido a Venezuela y a Nicaragua para control social, para saquear las arcas del estado, e incluso, para justificar las muertes que se puedan presentar a causa de las sustancias experimentales.
Por eso, nuestra Constitución Política establece que los ciudadanos podemos y debemos observar las acciones de los funcionarios públicos, ¿pero donde acudimos?, si bien hemos notado en los cambios de poder, en nuestro Poder Judicial no existió reacción alguna ante esta crisis, y entonces ¿donde demandamos a nuestro Poder Judicial?, ¿en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?.
La CIDH emitió un documento en el cual indicaba que no puede existir obligatoriedad en las sustancias experimentales, y que al contrario, debía existir un consentimiento informado, pero en Costa Rica, ni siquiera se le ha educado a la gente a utilizar el Noti-facedra, para reportar los efectos adversos, ¿mala intención?, ¿conflicto de intereses con las farmacéuticas?.
El caso, es que nuestra misma Constitución establece que un decreto que afecte los derechos constitucionales no puede durar mas de treinta días, pero este protocolo ni siquiera se presentó ante la anterior Asamblea Legislativa.
Entonces, ¿es por esta razón que la clase política ya no le tiene miedo al pueblo?
Y es que podemos leer por ejemplo como algunas publicaciones de nuestras universidades siguen impulsando la sustancia experimental, y apuestan a las regulaciones sanitarias, aun cuando la misma CNVE indicó al señor presidente que no existen justificaciones científicas, mas que la intención de que se vacune la mayoría de las personas, ¿existe aquí un problema de intereses?
En otras palabras, si no se usa la ciencia y las leyes, se esta imponiendo creencias ideológicas promovidas por intereses particulares, o al menos eso aparenta, ¿será esta razón por la que los medios de comunicación tradicional y las universidades no han realizados debates públicos?, me pienso que de hacerlos, se podría caer uno de los negocios que ha saqueado millones de los impuestos recaudados por los costarricenses, recuerden que aunque esto se paga con fondos públicos los contratos siguen siendo secreto de estado.
Esta es la razón por la que los costarricenses tenemos que organizarnos y promover alternativas de justicia para que el pueblo pueda controlar la administración que ha elegido, si hablamos de los tres poderes, la administración de justicia, la administración ejecutiva y la administración legislativa, porque el primer poder real esta en el pueblo, pero la administración ha llegado a sentirse “los todo poderosos”, pero es necesario establecer una autoridad del pueblo que pueda frenar cualquier abuso desde los Poderes de la República.
Que te parece un tribunal de juicio, conformado por ciudadanos elegidos uno en cada cantón, por una única vez, que pueda ser jurado, para llevar a la cárcel a cualquier político, en ejercicio o no de un cargo de elección popular, un tribunal que vea los casos de lesa patria y de traición a la patria.
Esta iniciativa será muy pronto expuesta a todos los ciudadanos costarricenses.