Comunicado | Coopesalud R.L se ha destacado desde su primera interacción con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por brindar un servicio integral de salud con los más altos estándares de calidad y enfoque humano.
Su actuación siempre ha sido respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense y vigilante de su cumplimiento.
Es así como, en este ejercicio de servicio público y en la coyuntura del trámite de adjudicación de servicios tercerizados de Salud para la operación de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais, ha podido identificar la emisión de un documento denominado “Estudio de Razonabilidad De Precios” elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, a cargo de la funcionaria Azyhadee Picado Vidaúrre, en el cual se incluyó información falsa por parte de funcionarios públicos que ha generado una afectación directa sobre el proceso.
Este uso de información falsa, se habría dado con la intención de simular un sobreprecio en los servicios de nuestra cooperativa, ocultando información que le permitiría a la CCSS un ahorro millonario y garantizar la continuidad de un servicio de la más alta calidad a los asegurados.
El manejo irresponsable de esta información ha inducido a error al Ministerio Público y generado enormes daños reputacionales y económicos, tanto a las cooperativas afectadas en el proceso de tercerización, como a las personas físicas relacionadas al mismo.
Por estas razones COOPESALUD presentó ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción una denuncia contra la jefatura del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS por el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública.
Confiamos en el sistema jurídico de Costa Rica y llevaremos este proceso hasta las últimas consecuencias, para demostrar la verdad real de los hechos.
En la denuncia planteada, a manera de ejemplo, se detallan tablas de análisis de costos, donde la jefatura de Área de Contabilidad de Costos de la Caja, inserta hechos falsos de manera que influye en la generación de un falso sobreprecio.
Es así como en las tablas de costos ignora y omite los ahorros para la Caja de ¢42 mil millones en 10 años solo en salarios y hasta ¢50 mil millones en ese mismo periodo de forma global.
Evitar este ahorro e insertar información falsa en un documento público para simular un sobreprecio inexistente que induce a error a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la opinión pública, claramente contraviene los principios de interés público, probidad y sana administración.
El daño que se ha hecho al proceso de adjudicación no solo afecta a las cooperativas, sino que impacta directamente en la seguridad jurídica y la continuidad del servicio para más de 587 mil personas.
Confiamos plenamente en que el proceso judicial vendrá a clarificar lo sucedido en torno al contrato de servicios tercerizados.
Cuadro 1*
*Elaboración propia, verificable
