La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dio trámite a las 37 mociones que le fueron presentadas, vía artículo 137, al expediente 23.036 Autorización para Emitir Títulos Valores en el Mercado Internacional, más conocido como eurobonos, con lo que el proyecto queda listo para ser votado en primer debate mañana jueves, en el Plenario Legislativo.
De las 37 mociones que le fueron presentadas, a la iniciativa, en el segundo día con posibilidades de hacer modificaciones, los legisladores solo les dieron el visto bueno a los números 4, 34 y 37.
La moción número 4 fue una de las fundamentales, dado que la misma se basa en el acuerdo logrado entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo pues cambia el monto del total de bonos a emitir, que en principio ascendía a 6 mil millones de dólares y el acuerdo dejó en 5 mil millones.
Específicamente el cambio indica que el monto autorizado se distribuirá en cuatro tractos divididos de la siguiente manera 1.500 millones de dólares para el primer semestre del año 2023. La misma suma queda autorizada para el segundo semestre del mismo año. Una suma de mil millones de colones se aplicará a más tardar el mes de diciembre del 2024 y un monto idéntico, a más tardar en diciembre del 2025.
La moción número 34 especifica lo relacionado con el informe que se deberá presentar sobre las operaciones de este financiamiento, por parte del Ministerio de Hacienda a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en el que se deben incluir aspectos como el proceso de selección, adjudicación y costos administrativos, el monto colocado, la salida al mercado, el plazo de colocación y el precio, entre otros.
La última moción con visto bueno obliga a informar a la Asamblea Legislativa el marco fiscal presupuestario de mediano plazo y su impacto en los indicadores sociales, con las acciones concretas que se desarrollarán para el funcionamiento del sistema aduanero, las metas de reducción del endeudamiento, las metas de política fiscal acordadas con organismos financieros internacionales y la proyección de la evolución del Gobierno Central.
La congresista Dinorah Barquero Barquero intentó convencer al resto de los miembros de la comisión a que le diera el voto a la moción por medio de la cual buscaba que al menos el 10 por ciento de los recursos reducidos en la atención a la deuda pública, como producto de esta ley, fueran utilizados para honrar la deuda que el Estado mantiene con la CCSS.
A pesar de sus esfuerzos y de haber convencido a la parlamentaria Sofía Guillén Pérez, quien votó a favor indicando que, aunque la misma no formaba parte del acuerdo inicial, no representaba ningún problema adicional, su colega Francisco Nicolás Alvarado, sintetizó la posición del resto de los miembros del grupo de estudio aduciendo que no le daría el voto pues se apegaba al acuerdo logrado entre las fracciones y el gobierno de la República.
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