La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, inició esta noche con las primeras tres audiencias de interesados en ocupar el puesto de Magistrado o Magistrada Propietaria de la Sala Constitucional.
Acudieron a la comisión José Joaquín Alvarado quien es letrado de la Sala Constitucional, Marta Esquivel Rodríguez que se desempeña como magistrada suplente del Tribunal de Apelaciones y Huberth Fernández Arguello, Juez de Apelaciones.
El primero en ser recibido por los legisladores fue el letrado José Joaquín Alvarado Acuña, quien especificó que tiene 30 años de prestar labores en la Sala Constitucional y trabajó para todos los presidentes que han pasado por dicha Sala.
La congresista Floria Segrega explicó que recibió en su oficina una serie de preguntas para que se le hicieran al funcionario, por lo que consultó sobre el retardo de la justicia.
Alvarado insistió en que la Sala Constitucional recibe más de 20 mil y resto de asuntos al año, por lo que se requieren procesos más sencillos y eficientes, pues incluso hay algunos de ellos que se repiten, por lo que se debe revisar.
La postulante Marta Esquivel Rodríguez fue consultada por el diputado Jorge Fonseca Fonseca sobre las reformas que requiere el sistema de control constitucional a lo que la postulante dijo que se debe hacer cambios en cuanto a los requerimientos para la aceptación de una acción.
En materia de acceso a la justicia, de acuerdo con Esquivel, los requerimientos para que los ciudadanos acudan en reclamo de sus derechos deben ser los mínimos indispensables y estos no deben privar sobre el fondo de los derechos fundamentales.
El tercero de los comparecientes de esta noche fue Hubert Fernández Arguello, quien se desempeña como Juez de Apelaciones y, con un currículum impresionante, encabeza el primer lugar de la lista con la nota más alta en atestados. Abogado, master en Derecho Público, estudios doctorales en Gestión y Políticas Públicas y tres especialidades en derechos fundamentales.
El diputado Jorge Fonseca Fonseca, consultó al visitante sobre las denominadas normas pétreas, a las que se apeló para la prohibición de la reelección presidencial.
Fernández lamentó que con la salida de la magistrada Nancy Hernández, la Sala Constitucional perdió a su última especialista en derecho público y administrativo, siendo de esta materia, el 90 por ciento de los casos que se conocen en la Sala en mención.