La diversidad de pensamiento que compone una sociedad es tan extensa como la cantidad de personas nacionales y extranjeras que vivimos y convivimos en el territorio nacional.
En esta tierra bendita habitamos pensamientos de izquierda, de centro y de derecha, entre otros no clasificados allí; también existe la diversidad cultural, las aficiones deportivas, la práctica religiosa, al mismo tiempo, compartimos con mentes críticas y también con mentalidades llenas de corrupción.
Por eso, la Voluntad Popular, o sea, el apoyo o el rechazo del pueblo ante las acciones de los distintos gobiernos, se ha convertido en toda una industria de neuromarketing, mantener divida a la población se ha convertido en una estrategia de control social, por ejemplo, mediante la manipulación de la opinión pública utilizando los medios tradicionales. Por ejemplo, muchas veces hemos visto a un supuesto especialista que llega a una televisora y dice que la «vacuna» es «segura y eficaz», porque «los últimos estudios así lo dicen», ¿pero cuáles estudios?, ¿dónde los puedo revisar?, ¿podemos constatar lo que el especialista dijo y contrastarlo con otros estudios también?
Por eso, una de las frases más utilizadas por nuestro medio digital es: “La Ausencia del debate es la presencia de la Corrupción”, siendo que, si con prueba en mano, quien dice que es “Segura y Eficaz”, podría demostrarlo, pero debe tener pruebas en mano; eso jamás va a ser excusa para que alguien más refute con otras pruebas en mano.
Analicemos esto: ¿Qué pasa cuando alguien tiene información contraria a la que las autoridades pregonan? ¿Por qué razón eso no se ha puesto en evidencia de manera pública por parte de los medios de comunicación?
Si esto fuera un debate público, razones turbias podrían salir a la luz. Podría, por ejemplo, llegar a discutirse si existen conflictos de intereses, económicos o si se está induciendo a la población a error.
Por eso, creer ciegamente en un funcionario público, o en cualquier autoridad, es tan riesgoso como un vendedor decirle a quien va a comprarle una casa que decida el precio a pagar. La respuesta, definitivamente, va a ser aprovechando la oportunidad, contraria a los intereseses de quien necesita resguardarlos más bien.
Por eso, urge analizar a aquellas personas que censuran a sus propios compatriotas, que siembran odio contra quienes tienen dudas razonables. Tener dudas es sano, y quien impulsa la censura de las dudas debería poder justificar sus intenciones ante la opinión pública.
Tenemos que pensar que Diputados, Presidentes, Jueces y Magistrados, son puestos temporales, por lo que están al resguardo de las circunstancias, tampoco existe forma de conocer la integridad de quienes ocupan esos puestos. Confiar ciegamente es fanatismo, en política se convierte en una amenaza directa para el país. El debate público que impulsaban las universidades y medios de comunicación, sin duda, era la mejor herramienta para desenmascarar a los corruptos, aunque posteriormente han querido manipularse como lo vimos en eventos como el Foro de Occidente, e incluso las mesas de «diálogo» Multi-sectorial, para el periodo de Rescate Nacional, donde Carlos Alvarado no le dio la cara a Celimo Guido. A fin de cuentas, todo sale a la luz tarde o temprano, como lo referente al tramo del tren eléctrico hasta el parque de eventos, entre otros.
Hoy día es evidente que la supuesta «vacuna» y su obligatoriedad, representa la posibilidad de la configuración de un delito, porque ha venido generando no solamente posiciones meramente anticientíficas y de creencia ideológica, sino que, según información documental científica, podría llegar a convertirse en una amenaza de salud pública y de vulnerabilidad para nuestra soberanía.
Son muchos expedientes jurídicos los que van y vienen, en los que se han solicitado Medidas Cautelares para minimizar el daño que puede tener la sustancia a mediano y largo plazo, pero mientras esto se analiza en la corte, las autoridades de salud se apresuran en colocar la mayor cantidad de sustancias, pero ¿y el derecho a la vida?
Se supone que está por encima de cualquier ley.
Por eso, el contrato que tiene Costa Rica con una empresa comercial internacional, debería estar presentada en la UCC, y dicho contrato debe garantizar que no se cometan delitos de Lesa Humanidad, ya que si el contrato violenta este principio de soberanía, en otras palabras, quien asume la soberanía del país se convierte en traidor de la patria.
El Pueblo es parte del gobierno, así lo dice la Constitución Política de Costa Rica… “el gobierno lo ejercen el Pueblo, y tres poderes de la República”, por lo que quitar la soberanía del Pueblo, podría considerarse un incumplimiento de la Carta Magna por parte de los Tres Poderes, creando un golpe de estado sutil, en donde se crean leyes y de dictan decretos y directrices que generan Control Social y pretenden callar a quienes quieren denunciar la corrupción en la función pública.
Entonces, ¿podría un debate público, técnico y científico salvar vidas y evitar la extracción de miles de millones desde Costa Rica en beneficio de una empresa farmacéutica? La respuesta es SÍ.
Porque existe suficiente información para demostrar que no solo se ha manipulado a la opinión pública, sino que se ha inducido a la población a error, siendo evidente que se le ha cerrado la puerta jurídica a los costarricenses para defenderse de lo que puede llegar a convertirse en el caso de Corrupción más grande de Costa Rica y el mundo.
También podría demostrarse la penetración de grupos de corrupción e ideológicamente extremistas en la administración pública. En vista de que la Censura se viene convirtiendo incluso en un proyecto de ley para eliminar la libertad de pensamiento en la Asamblea Legislativa. La CENSURA debería convertirse en un acto de CORRUPCIÓN y de TRAICIÓN a la Patria, porque es grave y nos afecta a todos.
Desatender los derechos constitucionales y los derechos humanos universales de los ciudadanos, pueden terminar en crisis social. Por eso, ante esta posibilidad, y ante el derecho a autodefinirnos como pueblo, debemos tomar consciencia de nuestras posibilidades como seres libres y en pro de la democracia.
Los costarricenses debemos analizar diferentes aristas para mantener el sistema democrático vigente, incluso, incluir un tribunal del pueblo, que pueda atender con Ley Natural los casos de corrupción, delitos de lesa patria y delitos de traición contra la patria.
Es casi imposible que los Poderes de la República puedan eliminar la corrupción, siendo como un cáncer que nace desde adentro. No pueden ser juez y parte. Por eso, el pueblo debe estar vigilante a extraer ese cáncer que atentan contra la libertad, como lo vemos no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo.
Va siendo hora de comenzar a entender que el Pueblo es una realidad, no una fantasía. Existe y debe manifestarse.
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