Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica estamos en contra de todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente para promover las ventas.
Como receptores recientemente del Sello de igualdad de género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), confirmamos el compromiso de esta organización por disminuir la brecha económica entre hombres y mujeres y procurar una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Por lo que no estamos de acuerdo con la explotación de la imagen de ninguna persona.
Sin embargo, esta Cámara se opone a la censura previa que agrava el expediente de Ley 21,375, en la modificación a ley 5811, que regula la propaganda que utilice la imagen de la mujer y pretende establecer mecanismos como censura previa, multas y prohibiciones, en más ámbitos de los ya contemplados de la ley actual, que afectarán a las empresas.
El proyecto de ley, en su redacción, utiliza conceptos jurídicos indeterminados que son muy peligrosos, porque limitan todo tipo de publicidad comercial. Determinar qué es ofensivo o no, es un asunto subjetivo y tiene que ver con un tema de valores individuales. De tal forma, la regulación que se propone, lejos de proteger a un determinado grupo, que en este caso se enfoca en la mujer, incorpora conceptos y regulaciones que podrían generar inseguridad jurídica y propiciar interpretaciones erróneas y hasta discriminación.
El artículo 12 bis del proyecto de ley en mención, propone multas de hasta 30 salarios base, las cuales podrían afectar de manera directa a las Pymes, sector que representa el 90% de las empresas, entre el 60% y el 70% del empleo y el 50% del PIB a nivel mundial. Las Pymes al no contar con asesores y agencias de publicidad manejan ellas mismas sus campañas y probablemente sean las más afectadas por ese tipo de legislación.
Además, el proyecto se justifica en que su objetivo, es proteger el derecho de imagen de las mujeres en la publicidad comercial, por lo cual se establece, que todo tipo de anuncio que utilice la imagen de la mujer en sus textos o componentes audiovisuales, incluyendo las plataformas digitales de comunicación y estrategias, contenido editorial, así como en cualquier tipo de comunicación masiva de publicidad comercial que atente contra la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana o vulnere las libertades y derechos garantizados en la Constitución Política, será controlada y regulada previamente, con criterio restrictivo por el Ministerio de Gobernación.
La forma adecuada de lograr un cambio en el tratamiento en la comunicación que utilice la imagen de la mujer en la publicidad, y en romper estereotipos femeninos que van en contra de su dignidad, es por
medio de la educación, que conlleva a la autorregulación, como el vehículo idóneo de las sociedades democráticas desarrolladas.
Desde la Cámara proponemos que -en lugar de crear acciones restrictivas, coercitivas que generan más burocracia e incrementan el gasto público, además de atentar contra la libre expresión-, que el gobierno, a través de sus instituciones como el INAMU, y el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la empresa privada, implementen un programa educativo sobre igualdad de género y derechos humanos, a todos los profesionales de la comunicación. La educación obligatoria, no afecta la libertad de expresión y sí apoya el cambio de percepción, roles y mitos de género.
De esta forma queremos instar de manera respetuosa a las señoras y señores Diputados que archiven el proyecto, ya que la reforma tal y como se plantea genera un ámbito de subjetividad e incertidumbre que afectará al sector empresarial, particularmente a las Pymes.
Desde la Cámara reiteramos nuestro compromiso de trabajar juntos para promover políticas que brinden fluidez, alienten el comercio, generen empleo y promuevan igualdad de oportunidades.
Alonso Elizondo
Director Ejecutivo
Cámara de Comercio de Costa Rica
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